Cuando el Consejo de Administración, en el ejercicio de sus deberes de lealtad y diligencia, decide incorporar sistemas de IA que mejoran la eficiencia pero generan riesgos sociales y morales, ¿cómo debería definir el límite ético entre lo técnicamente posible y lo moralmente aceptable -sin diluir la responsabilidad ni perder el juicio crítico del máximo órgano de gobierno- y qué debería hacer el propio Consejo para estar en condiciones reales de sostener ese límite en la práctica?

En un contexto de competencia geopolítica y presión regulatoria desigual entre regiones, ¿cómo puede un Consejo de Administración gobernar el uso de la IA de modo que garantice la buena marcha empresarial sin renunciar a su responsabilidad social y democrática como empresa global?