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Agua | Panorama de políticas ambientales | CONAMA 2026

Agua [1] Anuncio en el BOE de la Dirección General del Agua con el que se inicia el periodo de consulta e información pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica (revisión para el ciclo 2028-2033) [2] Teniendo en cuenta tanto la calidad como la cantidad del agua, para ello apuesta por la aplicación efectiva de Directivas existentes como la DMA y la Directiva de Inundaciones. [3] Este Dictamen se sustenta en la evaluación del impacto territorial (EIT) de la Estrategia que muestra las implicaciones territoriales sustanciales pero desiguales de las medidas de resiliencia hídrica en todas las regiones de la UE, demostrando la necesidad de objetivos diferenciados y adaptados a nivel regional y vías de aplicación basadas en las condiciones, particularidades y de gobernanza locales. [4] Se pueden observar varios posicionamientos de interés en los siguientes enlaces: · ¿Mejorará una nueva estrategia la gestión del agua en Europa? | Euronews · European Water Resilience Strategy: sinking ambitions on pesticide pollution | PAN Europe · Not flowing, not funded: EU Water Resilience Strategy falls short · LRE-Letter-to-Environment-Ministers-on-water-resilience_July-2025.pdf · Making Europe water and climate resilient [5] El gobierno portugués presentó el pasado 9 de marzo la estrategia nacional "Agua que Une", un ambicioso plan de 5.000 millones de euros hasta 2030 para mejorar la gestión del agua en el país. [6] Los documentos iniciales se componen de programa, calendario, estudio general sobre la demarcación y fórmulas de consulta. [7] La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, establece en su artículo 7 que, con el fin de cumplir los objetivos de desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con energías renovables, las nuevas concesiones de agua deberán priorizar la integración de tecnologías renovables, en especial mediante centrales hidroeléctricas reversibles que sean compatibles con los objetivos ambientales y los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes hidrológicos de cuenca. [8] Según datos del PNIEC 2023–2030, la capacidad instalada de hidrógeno verde podría alcanzar los 11 GW en 2030, lo que requerirá un volumen significativo de agua, aproximadamente 35 litros por kilogramo de hidrógeno producido. Actualmente en la demarcación del Duero se están tramitando tres concesiones para uso de agua para producción de hidrógeno verde de cerca de 4 hm3/año. [9] El auge de la economía digital ha impulsado la construcción de macrocentros de datos, especialmente en Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, donde se estima un consumo agregado de agua superior a 3 millones de m³ anuales, principalmente para sistemas de refrigeración. [10]Según los Principios de primacía eficiencia Hídrica, en la PH se debería definir caudales ecológicos, teniendo en cuenta las necesidades del agua subterránea. Además, aplicar los caudales ecológicos de manera efectiva y considerarlos de manera sistemática como requisito para obtener permisos de uso del agua. [11] El Mapa de conflictos del Agua en España, una iniciativa de Ecologistas en Acción identifica al menos 70 conflictos por el agua en los territorios, entre ellos, conflictos causados por contaminación por vertidos urbanos e industriales en el 27% de los casos, por infraestructuras y alteraciones morfológicas en el 26% de los casos, por sobreexplotación causada por agricultura y ganadería intensiva en el 16% y por contaminación por nitratos y plaguicidas en el 15%. [12] Falsas expectativas de sus sostenible del agua en las cuencas mediante la modernización del regadío. WWF España, 2022 informe_wwf_modernizacion_regadios.pdf [13] Sentencia que resuelve el recurso contencioso-administrativo en relación con las aguas desalinizadas siendo las partes la Administración General del Estado y la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha. [14] De los 141 identificados a escala nacional: el riesgo de daños por sequías extremas de larga duración, el riesgo de daños por inundaciones pluviales y fluviales, y el riesgo para los diferentes usos y demandas por la reducción de la disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad suficientes. [15] El Gobierno presentó una nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática el 17 de diciembre de 2025, resultado de un proceso participativo que ha contado con más de 1.300 actores y casi 4.000 aportaciones [16] Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han generado una serie de recomendaciones para la construcción del Pacto. [17] Según el informe sobre el estado del clima de España 2024, se registraron a lo largo del año 31 récords de días cálidos y ningún récord de días fríos, cuando lo esperable en un clima sin alterar hubieran sido cinco récords de cada. Se batieron récords de temperatura diaria en zonas del Mediterráneo y de Canarias. [18] Se destacan dos buenas prácticas en temas de visualización de datos de sequía, La DGA mensualmente ofrecen informes y mapas de sequía y escasez. La RTVE expone semanalmente los datos del boletín hidrológico del MITECO. [19] El Real Decreto-ley 4/2023, de apoyo financiero al sector agrario con un paquete de ayudas de 1.400 M€. El refuerzo para la desalación y regeneración como fuentes complementarias, mediante licitaciones de ACUAMED y fondos del PRTR. Las CCAA han activado estrategias extraordinarias como “Sequía Plus” o el transporte marítimo de agua. [20] El órgano superior de consulta y participación, integrado por representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, organismos de cuenca, entes locales, usuarios como regantes y diversas organizaciones y expertos individuales [21] Entidades como la AEOPAS han instado a la Comisión Europea a impulsar una norma que fije criterios homogéneos para declarar la sequía, definir estándares mínimos para los planes de emergencia y garantizar la prioridad del abastecimiento urbano. [22] Diagnóstico base del Plan ENDAVANT, que tiene el objetivo de consolidar la recuperación económica y social de la zona afectada por la DANA de 2024 mediante un conjunto de actuaciones sobre cuatro pilares estratégicos: personas, tejido empresarial y económico, medio ambiente, y tejido social y comunitario, sustentados por una base vertebradora de infraestructuras y planificación territorial. [23] Según AEMET, Laurence fue la decimosegunda borrasca de gran impacto de la temporada 2024-2025, [24] Para finales de 2025, la Comisión prevé adoptar una restricción sobre el uso de todas las PFAS en espumas antiincendios, una de las principales fuentes de emisión de estas sustancias. [25] En la propuesta se establece una norma de suma de para plaguicidas ya catalogados como sustancias prioritarias. Para el herbicida glifosato establece el valor máximo de 398,6 microgramos por litro, muy por encima de lo establecido en España, donde existe un estándar de calidad para el glifosato y su metabolito el AMPA, de 0,1 microgramos/litro y 0,5 para AMPA. [26] El bisfenol A pasa a ser considerado una sustancia peligrosa prioritaria [27] sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), (también llamados forever chemicals por su persistencia), la propuesta de actualización incluye en la lista de prioritarias a un grupo de 24 PFAS. El ácido trifluoroacético TFA: un producto de degradación de los plaguicidas PFAS, es el más extendido en Europa. se añadirá a las 24 PFAS [28] Propuestas y comentarios a la revisión de la Directiva de Nitratos: Nitratos: normas actualizadas sobre el uso de determinados materiales fertilizantes procedentes del estiércol (RENURE) [29] En diciembre de 2025 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una nueva sentencia en la que declara que España ha vulnerado de forma reiterada la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. La Comisión Europea solicita que se imponga una multa de 46.522.999 € y propone también una multa diaria de 171.217,40 € si no se logra el cumplimiento en la fecha. [30] La multa por la depuración de aguas residuales acumula más de 90 millones de euros hasta 2026 y es considerada una de las más prolongadas e importantes de España. En 2018, el TJUE impuso una multa a tanto alzado de 12 M€ euros y una multa coercitiva semestral inicialmente fijada en 10,95 M€ (posteriormente ajustada a 10,3 M€). Hasta 2022 se habían abonado 71,7 M€. La entrada en funcionamiento de infraestructuras como Gijón-Este e Isla Cristina permitió reducir la multa semestral a 3,1 M€, al constatarse avances en el cumplimiento. [31] En España media 1,92 € por m3, frente a los 3,10€ de la media europea. [32] La aprobación de las tarifas está a cargo de los municipios. Algunos han hecho incrementos sustanciales entre el 20% y 30%. En otras ocasiones el aumento está supeditado a la situación política y periodos electorales. [33] Las medidas de protección contra inundaciones son hasta diez veces más rentables que la reconstrucción tras un desastre, según un informe de Swiss Re Institute [34] La Comisión Europea activó un paquete extraordinario de 1.600 M€, procedentes del Fondo de Solidaridad y del mecanismo RESTORE, destinados a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por la DANA. [35] El Gobierno aprobó un paquete de medidas para reparar los daños y reforzar la resiliencia frente a futuros temporales. Entre ellas destaca el plan post-DANA del MITECO, dotado con 335 M€. En paralelo, el Consejo de Ministros autorizó más de 700 M€ para financiar ayudas y subvenciones vinculadas a la DANA, incluyendo créditos extraordinarios para entidades gestoras de abastecimiento y saneamiento. [36] La Generalitat Valenciana entregó al MITECO su Plan frente a Inundaciones, una estrategia de 2.390 M€ que combina infraestructuras hidráulicas, sistemas de alerta y soluciones basadas en la naturaleza. [37] En el marco de la jornada “Resiliencia del agua para la resiliencia económica en le contexto del cambio climático” organizado por el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, entidades como Caixabank, BBVA y Cajamar presentaron actuaciones que están llevando a cabo para fomentar la sostenibilidad de sus carteras. Conclusiones [38] Entidades como BBVA ha creado un préstamo sostenible que pone el foco en la reducción de la huella hídrica e Iberdrola ha sido la primera empresa en formalizar esta solución. Más info [39] Act4water es una iniciativa que ha desarrollado los Créditos de Agua Positiva y el Act4water Estándar Sobre nosotros – Act4Water [40] El MITECO lidera el diseño del Plan Nacional de Restauración, a través de un proceso de participación pública con grupos de trabajos inter autonómicos, con áreas de la AGE, y participación pública con ONGs, OPAs, profesionales, sector empresarial, investigadores y público general. [41] El seguimiento e implantación de las medidas de la ENRR se encuentran en los informes anuales de seguimiento de los planes hidrológicos de cuenca y en los planes de gestión del riesgo de inundación [42] La ejecución e implementación de las medidas de la ENRR se materializan a través de los Programas de medidas de los Planes Hidrológicos y los Planes de gestión de riesgo de inundación. Las Fuentes de financiación más relevantes están asociados a PRTR, FEADER, Programas LIFE, FER, presupuestos de CCAA y Ayuntamientos. Más info [43] Según el informe de seguimiento de la ENRR se inició inventario de cauces públicos que se someterá a consulta pública, en él se exponen una primera aproximación de cifras como: 24.174 Tramos fluviales con cartografía DPH en el SNCZI (km); 19.223 Barreras transversales; 13.655 Km de barreras longitudinales. [44] Los datos actualizados a cierre de 2024 incluyen los convenios de custodia suscritos por las Demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir (1), Júcar (5) y Segura (1). [45] Límite de Fondos NextGenerationEU: La Comisión Europea exige que todos los desembolsos de los fondos de recuperación finalicen en diciembre de 2026, lo que obliga a que todas las solicitudes de pago finales se gestionen antes de agosto de dicho año. [46] Se resalta que varios Estados miembros no siguieron debidamente las recomendaciones formuladas por la Comisión en 2019 al preparar sus planes hidrológicos de cuenca y sus planes de gestión del riesgo de inundación. [47] Estrategia europea para hacer frente a los retos mundiales más acuciantes y movilizar hasta 300.000 M€ de inversiones para proyectos sostenibles y de alta calidad. (Enfoque competitividad y seguridad) mediante inversiones en gobernanza, conocimiento e infraestructuras estratégicas, incluidas las hídricas. [48] La Agenda de Acción para el Agua, adoptada en 2023: 689 compromisos para alcanzar la seguridad hídrica global. La UE presentó una lista de 33 compromisos voluntarios. [49] La Conferencia ONU Agua organizada conjuntamente por los Emiratos Árabes y Senegal, tiene como objetivo acelerar la implementación del ODS 6. Se celebrará en los Emiratos Árabes del 2 al 4 de diciembre de 2026. [50] El Pacto se propondrá para su respaldo político por parte de la UE y de sus socios del sur del Mediterráneo en noviembre de 2025 con ocasión del 30.º aniversario del Proceso de Barcelona. [51] El Consejo Nacional del Agua, se celebró el 18 de diciembre de 2025 en Madrid. Nota de presa [52] Las repercusiones del CNA en la prensa local, por parte de Castilla la Mancha y Murcia. [53] Reflexiones de los Desayunos de Trabajo CONAMA 2026. Celebrado en 3 de diciembre de 2025 en Madrid. [EP1]Esto no es del todo correcto. La ONU recomienda que la asequibilidad del agua no puede estar por encima del 3% del presupuesto familiar, eso no significa que 0,8% de media, no haya en España familias que están por encima. Cuidado con esta expresión.

Movilidad Sostenible |Panorama de políticas ambientales |CONAMA 2026

LA MOBILIDAD SOSTENIBLE COMO EJE ESTRATÉGICO DE LA TRNASICIÓN ECOLÓGICA La movilidad sostenible constituye un eje estratégico para la transición hacia un modelo socioeconómico bajo en carbono, resiliente y respetuoso con la salud pública y el medio ambiente. Su relevancia se manifiesta en la reducción de emisiones contaminantes que afectan directamente a la calidad del aire y, por ende, a la salud humana, en la mitigación del cambio climático mediante la disminución de gases de efecto invernadero, en la mejora de la eficiencia energética al reducir la dependencia de combustibles fósiles, y en la preservación de la biodiversidad al limitar la presión sobre los ecosistemas. En España, la recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible se erige como el marco normativo de referencia para integrar estos objetivos en las políticas de transporte y planificación urbana. Esta norma se suma a iniciativas previas como la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el Programa MOVES III de apoyo a la electrificación del parque automovilístico y el despliegue de infraestructuras de recarga, así como la promoción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en las ciudades. En conjunto, estas políticas configuran un entramado coherente que busca transformar el sistema de movilidad en España, alineándolo con los compromisos europeos e internacionales en materia de sostenibilidad y acción climática. La Ley de Movilidad Sostenible busca regular aquellas actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la planificación y financiación de infraestructuras y servicios de transporte, la mejora de la gobernanza, los combustibles alternativos, la movilidad inclusiva, el fomento de la innovación y la digitalización, la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas. Esta ley se alinea con la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, presentada en diciembre de 2020, y que sienta las bases de cómo el sistema de transporte de la Unión Europea puede lograr su transformación verde y digital y ser más resistente a las crisis futuras, con una reducción del 90 % en las emisiones para 2050 gracias a un sistema de transportes inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible. Así mismo, el Marco de Movilidad Urbana de la Unión Europea establece una estrategia integral para transformar la movilidad en las ciudades europeas hacia un modelo más sostenible, seguro, inclusivo y conectado, alineado con el Pacto Verde Europeo y los objetivos climáticos para 2030 y 2050. A nivel estatal, destaca la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que guía las actuaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en materia de movilidad, infraestructuras y transportes durante los siguientes 10 años tras su aprobación. Los pilares básicos de la estrategia son la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad. Mediante la seguridad se pretende garantizar una mayor protección de personas y bienes, mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad; a través de la sostenibilidad se busca priorizar la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático; a través de la conectividad se busca la digitalización y el avance tecnológico, la conectividad con Europa y el mundo, y la conectividad multimodal. MOVILIDAD LIMPIA Y SALUDABLE Uno de los pilares básicos de la Ley de Movilidad Sostenible es el fomento de formas de movilidad limpias y sostenibles. Uno de los puntos clave para conseguir esto es la movilidad urbana; a través de la promoción de la movilidad activa, el transporte público colectivo y los esquemas de movilidad de alta ocupación. Así mismo, la ley pone de manifiesto la importancia de establecer medidas que faciliten el cálculo, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sistemas de transporte, así como la implantación de sistemas de gestión ambiental y de la energía y la utilización de fuentes de energía alternativa en puertos y aeropuertos. También destaca la importancia de mejorar la competitividad en el transporte de mercancías y la logística, aumentando a su vez la eficacia de los mismos. A nivel europeo, existen varios reglamentos que persiguen el cambio hacia combustible alternativos más limpios y sostenible. El Reglamento 2023/1804, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, establece normas vinculantes para desplegar una infraestructura accesible, interoperable y visible para combustibles alternativos en toda la Unión Europea, con el fin de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible. El Reglamento 2023/2405 (ReFuelEU Aviation) y el Reglamento 2023/1805 (ReFuelEU Maritime) tienen el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través del uso de combustibles más sostenible en aviación y en transporte marítimo. Por otro lado, el Reglamento 2023/857, incrementa la ambición de reducción de emisiones en los sectores no cubiertos por el comercio de emisiones, entre los que se encuentra el transporte por carretera, alineándolo con los compromisos del Acuerdo de París y el Paquete “Fit for 55”[1]. Por otro lado, la Directiva 2023/87/CE, sobre Fuentes de Energía Renovables (RED III), que establece metas vinculantes para incrementar la participación de fuentes renovables en el consumo energético de los Estados Miembros, se alinea con el objetivo de conseguir una movilidad más limpia y sostenible a través del establecimiento de una cuota vinculante del 29% de energías renovables en el consumo final de energía en el sector del transporte para 2030. La transición hacia un transporte libre de emisiones requiere no sólo la reducción de uso de combustibles fósiles, sino también la integración de energías renovables en la electrificación del parque automovilístico, en el desarrollo de infraestructuras de recarga y en la promoción de sistemas de transporte público más eficientes. En este sentido, la Estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra impulsa el desarrollo del hidrógeno renovable como vector energético clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado por carretera o el transporte marítimo. La integración del hidrógeno verde en la planificación de la movilidad permite avanzar hacia un sistema de transporte libre de emisiones, diversificar las fuentes energéticas y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. A nivel nacional, el desarrollo de diferentes estrategias e iniciativas en materia de movilidad sostenible y transporte limpio suponen un soporte a la consecución de los objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible. La Iniciativa Mercancías 30 promueve un cambio modal hacia el transporte ferroviario de mercancías, reduciendo emisiones y mejorando la eficiencia energética del sistema logístico. Esta iniciativa pretende elevar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías hasta el 10% en 2030, trasladando tráficos desde la carretera hacia el ferrocarril, potenciando el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales. A su vez, la Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria establece las prioridades de inversión y planificación para garantizar un sistema ferroviario moderno, eficiente y resiliente, asegurando que las infraestructuras ferroviarias dispongan de la capacidad, calidad e interoperabilidad necesarias para absorber el incremento de tráficos y facilitar la transición energética. Por otro lado, la Estrategia Estatal por la Bicicleta, que tuvo como horizonte temporal hasta 2025, ha pretendido avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta, consolidando la bicicleta como un medio de transporte cotidiano, seguro y accesible. Todo esto se traduce en medidas concretas como la promoción de infraestructuras ciclistas seguras, integración de la bicicleta en los planes de movilidad urbana sostenible, impulso de la intermodalidad con el transporte público y fomento de la cultura ciclista como herramienta de cohesión social y territorial. Además, las infraestructuras estratégicas de transporte cuentan con planes, estrategias y marcos estratégicos en materia de movilidad sostenible, como el Plan Director de lucha contra el cambio climático 2018-2030 de RENFE, Adif y Adif Alta Velocidad, que busca reducir el consumo energético y las emisiones de GEI y desarrollar actuaciones para mejorar la resiliencia de las infraestructuras ferroviarias. La Estrategia de Sostenibilidad de Aena y su Plan de Acción Climática 2021-2030 buscan conseguir la neutralidad en carbono y el uso responsable de los recursos, consiguiendo una aviación sostenible. A su vez, el Marco Estratégico del sistema portuario de interés general establece una hoja de ruta para la planificación y gestión de los puertos en España, haciéndolos más sostenibles, digitales, eficientes y conectados. Por último, se debe destacar la obligatoriedad del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2026. En diciembre de 2025, 56 ciudades españolas contaban con ZBE en funcionamiento, mientras que otras 89 ciudades se encontraban en fase de aprobación o puesta en marcha de ZBE.[2] INVERTIR MEJOR AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS La Ley de Movilidad Sostenible busca el establecimiento de mecanismos de financiación que fomenten el uso de un transporte más limpio y sostenible. En relación a la movilidad urbana, se fomentará un sistema de financiación del transporte público urbano basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, además de proyectos de inversión orientados a la mejora, sostenibilidad y digitalización de la movilidad urbana. Además, para garantizar la eficiencia del sistema de transportes, se regularán las obligaciones de los servicios públicos estatales, exigiendo la elaboración de una propuesta que analice el cumplimiento de aspectos relacionados con la demanda, costes de compensación y rentabilidad antes de conseguir la declaración de obligaciones de servicios públicos (OSP). En concreto, el artículo 55 establece la creación del Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, que estará dotado de recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, así como otros impuestos y tributos, y que se destinará a atender el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de Movilidad Sostenible. En este sentido, la ya mencionada Estrategia Estatal por la Bicicleta destaca algunos instrumentos concretos para la financiación de actuaciones que fomentan la movilidad ciclista, destacando: · Programa Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), dirigido a entidades locales para actuaciones de movilidad sostenible, incluyendo, entre las medidas, actuaciones de impulso de la bicicleta[3]. · Plan MOVES II, cuya resolución[4] se publicó en marzo de 2021. Dos de sus cuatro líneas de actuación están relacionadas con el impulso a la bicicleta; la actuación 3 con ayudas para el sistema de préstamos de bicicletas eléctricas y la actuación 4 con la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo, incluyendo actuaciones que faciliten el acceso al centro de trabajo a pie o en bicicleta. · También se contemplan las actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de empresas privadas, que pueden financiar acciones de áreas estratégicas de la Estrategia Estatal por la Bicicleta como el cambio modal, la oferta de movilidad ciclista, el turismo, el ocio o el deporte. Además, tal y como muestra un estudio de EY que abarca 150 ciudades de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Noruega, la movilidad mediante bicicleta supone beneficios económicos, ya que cada euro invertido en los sistemas de uso compartido de bicicletas está produciendo un retorno económico y social del 10% anual, pudiendo alcanzar un billón de euros en beneficios en 2030[5]. Tras el Plan MOVES II, se lanzó el Plan MOVES III[6], cuya prórroga termina el 31 de diciembre de 2025, y que está destinado a incentivar la movilidad eléctrica y, particularmente, la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recargar para estos vehículos. Este plan ha contado con una dotación presupuestaria inicial de 400 millones de euros, ampliada posteriormente hasta 1.200 millones de euros, y con una ampliación final de 400 millones de euros aprobada en diciembre de 2025 para atender solicitudes pendientes. Se espera que en 2026 se ponga en marcha el Plan MOVES IV, como una nueva oportunidad para impulsar la movilidad sostenible a través de la movilidad eléctrica. El Plan continuará la línea de sus predecesores, incorporando mejoras para dar respuesta a las demandas detectadas[7]. En diciembre de 2025, el gobierno presentó el Plan Auto 2030, una nueva hoja de ruta en materia de movilidad eléctrica, con el objetivo de consolidar a España como uno de los grandes polos europeos en este tipo de movilidad. A través de este Plan, el gobierno central asume toda la gestión de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y dejan de depender de las comunidades autónomas[8]. Este tipo de políticas tienen una repercusión positiva en los hábitos de movilidad de los ciudadanos, reflejándose en el aumento de vehículos de transporte descarbonizados. Tal y como muestra el V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España, durante el primer semestre de 2024, España lideró el crecimiento en Europa tanto en matriculación de vehículos eléctricos como en despliegue de infraestructura de recarga[9]. Por otro lado, el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible del transporte sigue avanzando, con la financiación de actuaciones municipales vinculadas a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones, la digitalización del transporte público, la mejora de la movilidad urbana y metropolitana, y el impulso de la movilidad activa. Así mismo, la Ley de Movilidad Sostenible también refuerza las bases para garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras de transporte y define los criterios de priorización para aquellas inversiones que lleve a cabo la Administración General del Estado, para asegurar que los recursos se destinan a los proyectos que generen un mayor valor para la sociedad. En este sentido, destaca la ya mencionada Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria establece las prioridades de inversión y planificación para garantizar un sistema ferroviario moderno, eficiente y resiliente. La estrategia contempla la movilización de 24.200 millones de euros en inversiones entre 2021 y 2026 y la política inversora debe ir ligada a potenciar la movilidad de los viajeros y las mercancías, optimizar la capacidad de la red y aumentar el gasto en conservación y mantenimiento para posibilitar la sostenibilidad ambiental y mejorar la cohesión social. Otro de los puntos clave de la ley es la participación pública y la transparencia, para lo cual se establecen herramientas que pongan a disposición de todos los ciudadanos información actualizada, se fomenta la publicidad activa en la definición y seguimiento de las políticas públicas de movilidad y se establece la obligación de realizar un informe bienal de actividad por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Como parte del Sistema General de Movilidad Sostenible, instrumento que la Ley de Movilidad Sostenible obliga a poner en marcha, se creará el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM)[10], que recogerá información actualizada sobre la oferta y la demanda de transportes, entre otras cuestiones, a modo de “evidencias” en la toma de decisiones políticas y que servirá de justificación al por qué de dichas decisiones. Además, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, cuenta con un eje (Eje 2) centrado en nuevas políticas inversoras, donde, entre otras líneas de actuación, se encuentra la transparencia y la participación. Para dicha línea de actuación se proponen medidas como el establecimiento de una plataforma digital de información sobre la red de transporte de interés general y la mejora de la participación pública en la elaboración de planes y proyectos de infraestructura y servicios de transporte. LA MOVILIDAD COMO DERECHO SOCIAL La Ley de Movilidad Sostenible pone la movilidad en el centro de la sociedad, considerándola un derecho social y situando al ciudadano en el centro de las políticas públicas a través del Sistema General de Movilidad Sostenible. Este Sistema facilitará la participación de los sectores productivos, el ámbito académico y la sociedad civil en la definición de las políticas de transporte y movilidad. Entre sus objetivos destaca la mejora en el diseño, implementación y seguimiento de servicios de movilidad, incluyendo zonas rurales o de baja densidad de población. También se abre la definición de servicios de movilidad a otras formas de provisión de movilidad alternativas, más flexibles para poder adaptarse tanto al entorno en el que surgen las necesidades como adaptarse a las distintas tecnologías de movilidad que puedan surgir. Estos servicios de movilidad pueden consistir en sistemas de transporte público a demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida. Además, se pretende lograr una movilidad inclusiva y universal, adaptada a las necesidades de todas las personas, priorizando la inversión en este tipo de movilidad. Así mismo, también se priorizará la respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana. Todo esto aparecerá reflejado en las guías de buenas prácticas, que son documentos que recogen actuaciones y experiencias satisfactorias de las administraciones públicas, entidades y empresas, que puedan ser adoptadas o ejecutadas por otras. A esta línea de proporcionar una movilidad sostenible accesible a todos los ciudadanos contribuye el Reglamento 2023/1804, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, cuyo objetivo principal es que los ciudadanos puedan recargar o repostar vehículos eléctricos, de hidrógeno o con otros combustibles alternativos con la mismas facilidad que los vehículos convencionales, fomentando la descarbonización del transporte. Entre las obligaciones que presenta el reglamento se encuentra la presencia de estaciones de recarga eléctrica de alta potencia a intervalos regulares en las principales rutas europeas o la publicación de precios claros y accesibles, así como datos en tiempo real sobre disponibilidad y potencia de los cargadores, por parte de los operadores. Tal y como marca la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, es necesario que el camino hacia la movilidad sostenible y conectada no deje a nadie atrás. Así mismo, el Marco de Movilidad Urbana de la Unión Europea presenta recomendaciones para avanzar en esta línea, mostrando la necesidad de abordar la pobreza en el transporte y las desigualdades de acceso a las redes de movilidad, prestando especial atención a zonas rurales y entornos periurbanos. Por otro lado, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 cuenta con un eje (Eje 1) centrado en la “Movilidad para todos”, con el objetivo de garantizar accesibilidad universal a los servicios de transporte y alternativas al vehículo privado en todos los territorios. En diciembre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció una convocatoria de ayudas por valor de 52 millones de euros para municipios de menos de 5.000 habitantes, para financiar proyectos innovadores y cohesionadores en el entorno rural, con el objetivo de combatir la despoblación. Estas ayudas podrán financiar proyectos promovidos por entidades locales, por entidades sin ánimo de lucro, por pymes, personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social. En la actualidad, se está llevando a cabo el desarrollo de la Estrategia nacional contra la pobreza de transporte por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que recogerá medidas para aliviar y prevenir la pobreza en el transporte. Para su desarrollo, se ha creado un Grupo de Trabajo Interministerial para asegurar la adecuada incorporación de políticas ya desarrolladas o previstas por otros Ministerios y Administraciones Públicas. Además, la iniciativa fue sometida a consulta pública previa entre el 29 de enero de 2024 y el 15 de enero de 2025. UN SISTEMA DE TRANSPORTE DIGITAL E INNOVADOR La Ley de Movilidad Sostenible pretende desarrollar un sistema de transporte actualizado, innovador y en el que se impulse la digitalización, con el objetivo de dar un mejor servicio al ciudadano. Uno de los puntos clave es la regulación en materia de digitalización y datos abiertos, con el objetivo de disponer de información en formato digital que permita mejorar la definición de las políticas públicas y la gestión del sistema, promover la disponibilidad de la información a través de los datos abiertos y favorecer el desarrollo de aplicaciones que permitan a los ciudadanos la adopción de decisiones sobre la planificación de sus viajes. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif y Puertos del Estado se ha aportado por impulsor el proceso de digitalización del sector logístico a través de la adjudicación de un contrato para el mantenimiento y mejora de la plataforma tecnológica SIMPLE, que es una plataforma digital para la gestión integrada y digital de documento, datos y flujos de información vinculados al transporte multimodal de mercancías, puesta en marcha en 2023[11]. Así mismo, se ha lanzado la aplicación Reve, un mapa interactivo con información en tiempo real de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en España. Por otro lado, se promueve la creación de un sandbox que permita que los promotores de proyectos innovadores en movilidad puedan llevar a cabo actividades innovadoras en un entorno de pruebas acotado. También se introduce la regulación del vehículo automatizado para facilitar su introducción progresiva en el sistema de transportes de forma segura. [1] En julio de 2021 la Comisión Europea presentó el paquete “Fit for 55” para alinear el marco regulatorio en materia de energía y clima con unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero y asegurar una transición verde, justa y competitiva del sistema económico de la Unión Europea. El paquete “Fir for 55” propone un conjunto de medidas legislativas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en, al menos, un 55% para 2030 respecto a los valores de 1990, y situar a la UE en la senda de la neutralidad climática en 2050. [2] EuroTaller. (s.f.). ZBE en 2026: El nuevo marco de movilidad que afectará a millones de conductores en España. https://www.eurotaller.com/noticia/zbe-en-2026-el-nuevo-marco-de-movilidad-que-afectara-a-millones-de-conductores-en-espana [3] El Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográficos (PROGRAMA DUS 500), establece el tipo de proyectos que serán objeto de la ayuda, que deberán conseguir la reducción de emisiones de dióxido de carbono, a través de una o varias medidas elegibles, entre las que se incluye la movilidad sostenible. [4] Resolución de 3 de marzo de 2021, por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa MOVES II. Boletín Oficial del Estado, nº 56, 26241–26242. https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3488.pdf [5] EYS Municipales. (2023, 27 de noviembre). El uso compartido de bicicletas genera más de 300 millones de euros en beneficios anuales en Europa, según un estudio de EY. EYS Municipales. https://www.eysmunicipales.es/actualidad/el-uso-compartido-de-bicicletas-genera-mas-de-300-millones-de-euros-en-beneficios-anuales-en-europa-segun-un-estudio-de-ey [6] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2021, 14 de abril). Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Boletín Oficial del Estado, nº 89. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf [7] López, A. (2025, 2 de diciembre). Plan MOVES IV 2026: ayudas, requisitos y novedades. Cuerva Energía. https://cuervaenergia.com/es/comunidad/gestion-empresarial/plan-moves-iv-2026-ayudas-requisitos-y-novedades/ [8] Movilidad Sostenible. (2025, 3 de diciembre). Plan Auto 2030: el Gobierno presenta la nueva estrategia que transformará la automoción española. https://www.movilidadsostenible.com.es/plan-auto-2030-el-gobierno-presenta-la-nueva-estrategia-que-transformara-la-automocion-espanola/ [9] Movilidad Sostenible. (2025, 11 de septiembre). Publicado el V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica: España lidera el crecimiento en Europa en matriculación de vehículos eléctricos e infraestructura de recarga. https://www.movilidadsostenible.com.es/publicado-el-v-informe-obs-sobre-movilidad-electrica-espana-lidera-el-crecimiento-en-europa-en-matriculacion-de-vehiculos-electricos-e-infraestructura-de-recarga/ [10] El Título I de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible desarrolla la puesta en marcha del Sistema General de Movilidad Sostenible. [11] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (2025, 22 de octubre). Transportes amplía la plataforma tecnológica SIMPLE con nuevas funcionalidades que mejoran el servicio y la experiencia de uso. https://www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/mie-22102025-1233

DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD TERRITORIAL | Panorama de políticas ambientales |CONAMA 2026

INTRODUCCIÓN El territorio de nuestro país tiene una gran complejidad. La historia de las gentes que lo han poblado, un entorno geográfico muy variado conformado por una península, territorios tanto insulares como en otros continentes, una gran diversidad geológica y natural, así como una política territorial donde conviven administraciones estatales, autonómicas y locales, han generado un territorio muy diverso donde las oportunidades deberían poder distribuirse en base a una equidad territorial justa. En este territorio se desarrollan las vidas, anhelos y proyectos de multitud de personas, empresas, asociaciones y gran diversidad de actores. A lo largo de la historia, su esfuerzo, trabajo y las relaciones que han tenido entre ellos han ido conformando sobre el territorio diversos paisajes, que en muchos casos constituyen una identidad con gran fuerza en el territorio. El Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de Europa, desde el año 2000 anima a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad. En este convenio se reconocen todas las formas de paisajes europeos, naturales, rurales, urbanos y periurbanos, incluyendo tanto aquellos que son emblemáticos como los ordinarios. En muchos territorios rurales el paisaje, la identidad y el sentimiento de pertenencia tienen un fuerte arraigo. Sus pobladores son conscientes de la importancia de su preservación en el tiempo, no como museos o exposiciones de lo que fue un pasado más o menos bucólico, sino como un paisaje dinámico, innovador, con fuerza y futuro, definitivamente, un paisaje vivo. Y en ese ecosistema social, natural y económico han surgido en las últimas décadas movimientos e iniciativas que promueven y dan visibilidad a un mundo rural vivo, donde es necesario abordar multitud de retos, no solo ambientales: • Mejorar las posibilidades para vivir en entornos vertebrados e interconectados con unos servicios cercanos para la ciudadanía. • Promover el emprendimiento y la innovación en el territorio sin olvidar la importancia y necesidad de poner en valor y garantizar la supervivencia de los sectores tradicionales. • Alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres. • Fomentar la participación e inclusión intergeneracional. • Garantizar la coordinación entre las diferentes administraciones • Dotar de perspectiva rural a las diferentes herramientas de planificación que se tienen que implementar en el territorio, así como la legislación que debe aplicarse, en muchos casos diseñada sin tener en cuenta la casuística territorial existente en las zonas rurales. • Promover la cultura en el rural y el nuevo relato que surge desde el rural para transmitir y dar a conocer su forma de vida. Son multitud las herramientas, medidas y propuestas que tendrían que llevarse a cabo para abordar estos retos. El proceso de identificación, desarrollo y puesta en marcha de estas medidas es un proceso conjunto en el que la gobernanza es clave. Desde la Fundación CONAMA se trabaja desde su nacimiento en la facilitación de diversos procesos de gobernanza. En concreto, la relación entre el territorio, el reto demográfico y la transición ecológica ha sido un tema clave en los debates de CONAMA desde 2016. En las últimas ediciones, se ha puesto énfasis en la necesidad de revalorizar el papel de las zonas rurales en este contexto, explorando soluciones que integren el desarrollo socioeconómico con la sostenibilidad ambiental. Este enfoque ha permitido abordar la problemática de la despoblación rural y los desequilibrios territoriales, situando el reto demográfico en el centro de las políticas de transición ecológica. Algunas de las actividades desarrolladas en el marco de CONAMA en los últimos años se pueden encontrar al final de este documento. POTENCIANDO EL VALOR DEL MEDIO RURAL EUROPEO La Comisión Europea ha presentado la estrategia "Right to Stay" con la finalidad de establecer cómo la política de cohesión puede romper el ciclo de despoblación de Europa y afianzar el camino hacia Zonas Rurales Conectadas en la Unión europea. En un proceso que transforma silenciosamente el continente europeo, las ciudades pequeñas y pueblos pierden a sus jóvenes, las zonas rurales se reducen y las diferencias regionales se amplían. Se ha pasado de plantearnos si las personas tienen que tener libertad de movimiento a dilucidar si parte de la ciudadanía tiene una opción real para quedarse en los territorios donde nacieron. La estrategia «Right to Stay» («Derecho a Permanecer») de la Comisión Europea es un marco político emblemático diseñado para garantizar que todos los europeos puedan permanecer y construir su futuro en el lugar que consideran su hogar, en lugar de verse obligados a reubicarse debido al declive económico o a la falta de oportunidades y servicios esenciales. Cuando la despoblación conduce al descontento Las regiones que sufren en este proceso demográfico no solo pierden personas, sino que el dinamismo económico, influencia política y confianza en las instituciones va perdiendo fuerza progresivamente. El estudio del CCI muestra cómo la reducción de la población activa (entendiendo esta como aquella en edad de trabajar) genera que la capacidad económica del territorio afectado se vea reducida, entrando en un ciclo que se retroalimenta forzando a más personas a migrar. Este proceso se denomina la «trampa del desarrollo». No solo tiene importancia por cuestiones demográficas y económicas, sino que esta situación contribuye a la insatisfacción política. Una publicación de Panorama analizó el informe del JRC sobre la naturaleza dual del descontento verde, en el que se recoge como las comunidades que se enfrentan al declive demográfico y al estancamiento económico tienen más probabilidades de expresar opiniones negativas y contrarias por las transiciones ecológica y digital. Los territorios perciben que soportan los impactos negativos de las transiciones, pero no obtienen beneficios de estos procesos. En un contexto en el que el peso político se encuentra en declive, los temores de quedarse más atrás todavía se enraízan y se produce un caldo de cultivo idóneo para que la desinformación y los extremismos se extiendan. En esta situación la pervivencia de una política de cohesión es más necesaria que nunca, ya que permite a las comunidades adaptarse a las nuevas realidades demográficas, apoyar a las regiones que se enfrentan al envejecimiento de la población, reforzar las zonas suburbanas alrededor de las ciudades y revitalizar las ciudades y pueblos en riesgo de despoblación. Es por ello que «Derecho a Permanecer» es más urgente que nunca: Europa se encuentra en una encrucijada demográfica. La población está alcanzando su punto máximo y comenzará a disminuir. Las tasas de fertilidad se mantienen muy por debajo de los niveles de reemplazo. Y a menos que las condiciones mejoren a nivel local, los patrones migratorios profundizarán las divisiones regionales en lugar de equilibrarlas. Por lo tanto, el «derecho de estancia» no es una oposición a la libertad de circulación. Es el pilar que falta lo que hace que la libertad tenga sentido. Sin ella, Europa corre el riesgo de convertirse en un continente en el que solo unas pocas regiones dinámicas prosperen, mientras que otras pierden a sus jóvenes, sus servicios, su influencia y, finalmente, su futuro. Con ella, la política de cohesión puede fomentar comunidades locales dinámicas, un desarrollo territorial equilibrado y una Europa en la que todos, independientemente de dónde hayan nacido, puedan elegir realmente dónde construir su vida. Pacto Verde Europeo El Pacto Verde Europeo busca abordar la sostenibilidad ambiental, no solo en términos climáticos, sino también protegiendo recursos naturales y reduciendo su uso. El objetivo es convertir a la UE en una economía eficiente y competitiva con emisiones netas cero para 2050, desvinculando el crecimiento económico del uso de recursos . En el ámbito agrícola y las partes interesadas del ámbito rural, se destaca un cambio hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, con la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 como herramienta clave para alinear la agricultura con objetivos ambientales específicos desarrollados en el Plan estratégico de la PAC de España (PEPAC). El PEPAC está diseñado para contribuir de manera significativa a las ambiciones del Pacto Verde Europeo, la Estrategia “De la Granja a la Mesa” y la Estrategia sobre Biodiversidad. Pacto Rural y Plan de Acción Rural de la UE La Comisión Europea ha delineado una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE en junio de 2021, identificando desafíos y oportunidades cuyo objetivo es lograr unas comunidades rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040. El Consejo Europeo reconoció oficialmente a las áreas rurales como áreas estratégicas para el desarrollo económico y social de la Unión Europea en noviembre de 2023. Esta designación se basa en dos razones principales: en primer lugar, las áreas rurales fomentan la prosperidad, resiliencia y el tejido social y cultural de las comunidades rurales. En segundo lugar, sirven como salvaguardas de la agricultura y garantizan la seguridad alimentaria, siendo fundamentales en la estrategia de la UE para lograr la autonomía de los sistemas alimentarios. El Pacto Rural y el Plan de Acción Rural de la UE se destacan como elementos clave para fortalecer, hacer resilientes y prosperar las zonas rurales hasta 2040. A pesar de desafíos como el envejecimiento de la población, falta de conectividad e infraestructuras subdesarrolladas, estas áreas son fundamentales para las transiciones ecológica y digital de la UE. Cumplir con objetivos digitales de la UE para 2030 puede impulsar el desarrollo sostenible en zonas rurales más allá del sector agrario, generando oportunidades en servicios e industrias, y contribuyendo a una distribución geográfica más equitativa de servicios e industrias. POTENCIANDO EL VALOR DEL MEDIO RURAL ESPAÑOL Gobernanza creada por y para el territorio: Estrategias Nacionales para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico El gobierno ha desarrollado diversos planes, estrategias y líneas de actuación enfocados a abordar los retos y problemas a los que se enfrentan las zonas en declive demográfico como son el nuevo Marco Estratégico para el Reto Demográfico, que se desarrolla mediante la nueva Estrategia Nacional, el Plan 30 Minutos y el Nuevo Observatorio. Estos instrumentos, buscan dotar de madurez y plasmar sobre el territorio la política de reto demográfico. Se plantea dar una respuesta estructural que vaya más allá de los planteamientos coyunturales marcados por los fondos europeos en los últimos años. La Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico fue una hoja de ruta a largo plazo, en la que participarían todas las Administraciones (estatal, autonómica y local) y la sociedad civil (entidades privadas, asociaciones organismos sin ánimo de lucro, ciudadanos y tercer sector de acción social). Su objetivo fue garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios en España. Con un enfoque integral, abordó las desigualdades y desafíos demográficos. Se buscó lograr una estrategia inclusiva y participativa. Abordó las cuestiones clave de despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. Se presenta como un enfoque global y transversal, con la participación de todos los departamentos ministeriales y la colaboración de comunidades autónomas y entidades locales. Con un enfoque territorial y urbano sostenible, la estrategia pretende conectar lo urbano con lo rural y ofrecer oportunidades de desarrollo social y económico, respaldando la Agenda Urbana Española. Además, se destaca como herramienta necesaria para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. La Estrategia tuvo varias líneas de actuación relacionadas con la fijación de población. Algunas de ellas incluyen: El eje 1 de las 130 Medidas se centró en el impulso de la transición ecológica como elemento clave para la revitalización de los pequeños municipios y las zonas rurales. La transición ecológica favorece una mayor calidad de vida, generación de empleo, mejora de la resiliencia, promueve la protección ambiental, y contribuye al cumplimiento de los objetivos globales sobre cambio climático y biodiversidad. Este eje incluyó 22 medidas con los objetivos de promocionar una transición energética acorde a las comunidades locales desarrollando iniciativas innovadoras y sostenibles, el impulso de la bioeconomía, orientación de la protección ambiental y la garantía de una Transición Justa en el territorio. La estrategia abordó 3 desafíos: • La despoblación afecta gravemente a muchos municipios españoles. Según el Informe de Situación de despoblación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: el 61,7% ha perdido población entre 2001 y 2017 y el 48 % se encuentra en riesgo de despoblación según criterios de La Unión Europea (menos de 12,5 habitantes por km²). Este proceso se da con más intensidad en los municipios menores de 5.000 habitantes (87,6% de ellos), así como en el 70% de las cabeceras (núcleos funcionales rurales) y en el 63% de las ciudades con una población entre 20.00 y 50.000 habitantes. • El envejecimiento poblacional se puede considerar como un éxito de modelo social, aunque genera importantes retos que deben afrontarse, de manera especial en el ámbito rural . • La población flotante y la estacionalidad demográfica producen dificultades en la prestación de servicios y en la gestión de equipamientos e infraestructuras en ciertos territorios, debido a la llegada de gran cantidad de población estacional . La estrategia tuvo las siguientes medidas destacadas: • Ayudas al emprendimiento y el empleo de los jóvenes en los municipios en riesgo demográfico • Medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres en el desarrollo de proyectos en el medio rural: apoyo a las asociaciones, formación, innovación, empoderamiento… • Mejora de la conectividad territorial y la extensión de banda ancha a través del Plan 800 y el impulso del PEBA-NGA • Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural • Dinamización de las áreas industriales, para la reindustrialización y la extensión de la economía 4.0 en todo el territorio • Impulso de la actividad turística a través de la Plataforma de Turismo Rural y de Interior • Lanzamiento del primer Digital Innovation Hub para el Reto Demográfico en la Unión Europea • Mantenimiento, atendiendo a las necesidades de la Defensa y de la eficiencia, de las infraestructuras (bases y acuartelamientos) en el medio rural • Incorporación del impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión • Atención a la educación, el ocio y la cultura en las áreas rurales y las islas, con una oferta diversificada y de calidad, y relacionada con el entorno, para luchar contra la desigualdad y la pobreza en la infancia. La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico identifica prioridades en vivienda, en movilidad de proximidad y en prestación de servicios básicos, donde es fundamental esa aproximación de cooperación multinivel. El documento recoge las directrices de la política territorial en España, establece las grandes líneas de acción y medidas para cada uno de los niveles de la Administración, de acuerdo con sus competencias, a la vez que interpela a la sociedad civil para lograr que se pueda integrar con eficacia. Desde el MITECO se plantea que sea un texto “vivo”, en continua actualización, de forma que se completará con análisis sectoriales (vivienda, transporte, relevo generacional, inclusión o perspectiva de género) y territoriales. De esta forma se promoverá la elaboración de estrategias locales integradas. La estrategia se compone de cinco pilares verticales y dos ejes de actuación transversales: • Pilar 1: Resiliencia y adaptación a la emergencia climática en los territorios: el medio rural requiere instrumentos para reconocer los servicios ambientales que presta y dotarlo de infraestructuras, empleo y servicios que aprovechen la transición ecológica. • Pilar 2: Equidad territorial en el acceso a infraestructuras y servicios: al reducir las brechas urbano-rurales, asegurar las condiciones equivalentes de bienestar y calidad de vida en todo el territorio y lograr un acceso funcional a los servicios esenciales. • Pilar 3: Dinamismo socioeconómico-local: al impulsar el desarrollo endógeno, la atracción de talento, la creación de empleo de calidad y la diversificación económica adaptada a las singularidades de cada territorio. • Pilar 4: Igualdad e inclusión en los territorios: apoyo a la cohesión social, igualdad e identidad social inclusiva, que promueve el arraigo, la igualdad de oportunidades y la integración social a través de políticas activas de acogida e inclusión dirigidas a mujeres, jóvenes, familias, personas mayores, migrantes nacionales y extranjeros, y otros colectivos vulnerables o con necesidades particulares. • Pilar 5: Cultura, identidad y arraigo: apoyo a la cultura local, preservando sus activos y promoviendo una comunicación plural y representativa de la realidad rural contemporánea, alejada de los estereotipos y visiones paternalistas, que visibilice las oportunidades, transformaciones y aportaciones del medio rural a la sociedad en su conjunto, fortaleciendo la cohesión social, cultural y simbólica del territorio, y generando orgullo de pertenencia y capital social. • Eje transversal 6: Ciencia, investigación y herramientas de conocimiento: proporcionar datos, análisis, investigaciones y creación de conocimiento por y para el mundo rural, que sirvan a las administraciones públicas para diseñar políticas eficaces y que puedan ser puestos al servicio de la comunidad investigadora, de las asociaciones y otros actores del territorio y de la ciudadanía en general. • Eje transversal 7: Gobernanza, perspectiva rural y planificación: reforzar la gobernanza multinivel, la participación, la escalabilidad territorial y las capacidades técnicas de las entidades locales. Actualización de los marcos normativos y refuerzo de las herramientas de análisis y conocimiento que permitan implementar el mecanismo de garantía rural y mejorar el diseño de estrategias territoriales y de las futuras políticas. A pesar de los esfuerzos visibles y las medidas implementadas, el problema de despoblación persiste. En el contexto de las políticas contra la despoblación y el desarrollo rural, se destaca la importancia crucial de la participación y el empoderamiento de las poblaciones afectadas. El objetivo es lograr una gobernanza más horizontal, permitiendo que las comunidades sean protagonistas de las acciones y medidas que las impactan, y que esta forma de gobernanza sirva como medio para combatir la despoblación en las zonas rurales. Se menciona el enfoque LEADER de la Unión Europea y los Grupos de Acción Local como paradigmas de esta gobernanza rural destinada a impulsar el desarrollo y abordar la despoblación . Análisis sectorial y territorio La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (2021), incluye como uno de sus principios básicos la sostenibilidad en lo social, en lo económico y en lo medioambiental. Se prioriza la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia energética, y la lucha contra el cambio climático, tratando de minimizar la contribución del transporte a las emisiones contaminantes. Se fomentan los modos limpios, la economía circular, la resiliencia climática y la movilidad universal. La Mesa de Movilidad Rural (MMR) se constituyó impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en febrero de 2022. Desde el MITMA-MITERD lideran y coordinan la creación de una Mesa para abordar la movilidad rural, aunque esta es competencia de las Comunidades Autónomas. La secretaría de esta Mesa impulsará la elaboración de documentos técnicos y líneas de trabajo con la colaboración de sus miembros, pudiendo establecer también grupos de trabajo específicos: • Promover la renovación del parque de vehículos eléctricos y la creación de una red de infraestructuras de recarga extensa para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. A través del Plan de incentivos a la instalación de puntos de recargar, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde con un presupuesto de 445.000,00€. • El programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, Plan MOVES II, busca contribuir a la descarbonización del sector transporte. Su objetivo es fomentar el uso de energías alternativas para cumplir con los objetivos establecidos en el PNIEC 2021-2030. El plan promueve acciones de apoyo a la movilidad basadas en criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incentivando el uso de energías alternativas y la implementación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en todo el territorio nacional. Energías renovables: Actuar como apoyo para el despliegue de las energías renovables en todo el territorio nacional mediante convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y eléctricas innovadoras. Apoyo a la integración sectorial de renovables en ámbitos estratégicos de la economía incluidos el industrial, agrícola y comercial. Despliegue de techos solares e integración de renovables en la edificación, mecanismos de apoyo a la inversión a la bioenergía. Apoyo a la inversión en proyectos de renovación tecnológica (repotenciación y rehabilitación), hibridación de tecnologías o los que combinan soluciones de almacenamiento. Impulsar agendas para la Transición Energética en las Islas, con un enfoque en el respaldo a proyectos para la penetración e integración de energías renovables en sistemas insulares. El objetivo principal es lograr una integración efectiva de las renovables en el territorio, permitiendo que estas también proporcionen potencia firme y otros servicios, al tiempo que se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y los consiguientes costos adicionales en energía. Autoconsumo: Impulso del uso de energías renovables en aplicaciones eléctricas y térmicas a través de dos líneas de acción en régimen de concurrencia competitiva. Estas iniciativas se llevan a cabo mediante convocatorias cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y pueden recibir fondos adicionales vinculados a la recuperación económica. Rehabilitación energética de edificios: El programa PREE 500 busca fomentar la rehabilitación energética de edificios, abarcando mejoras en la envolvente térmica y la sustitución de instalaciones. Con la meta de mejorar al menos una letra en la calificación energética, se asegura un ahorro mínimo del 30% de energía primaria. Las ayudas incluyen una base, con complementos sociales y de eficiencia energética, destacando el apoyo a comunidades energéticas locales. El programa DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, financiado por los fondos NextGenerationUE. Regula la concesión directa de ayudas para inversores de proyectos singulares locales de energía limpia en municipios del reto demográfico. Implementación de incentivos y medidas de discriminación positiva, o excepciones cuando sea necesario, en las ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas, especialmente en áreas rurales y provincias afectadas por la despoblación. Se busca promover líneas existentes en planes de vivienda con el objetivo de contrarrestar la despoblación, siendo necesario definir criterios como umbrales de densidad y declive demográfico para su aplicación. Plan de subvenciones (Ayudas por comunidad autónoma: Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Aragón, Principado de Asturias) dirigido a mejorar la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños municipios. El enfoque se centra en la reducción de pérdidas en las redes de distribución, así como en acciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de potabilización específicamente en municipios con una población inferior a 10,000 habitantes. Se plantean líneas de actuación específicas de interés para abordar el reto demográfico en zonas rurales. Estas incluyen medidas de prevención de mortalidad, como la corrección de tendidos eléctricos perjudiciales para la avifauna, así como la gestión del control y erradicación de especies exóticas invasoras. También se contempla la mejora y renovación de instalaciones e infraestructuras asociadas a estas actividades. Apoyo a la implementación del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Apoyo a la implementación de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas. Su objetivo principal es llevar a cabo la restauración de ecosistemas naturales, la recuperación de áreas afectadas por actividades mineras y diversas iniciativas urbanas que promueven la conectividad y la revitalización verde en entornos urbanos. Activar la gestión forestal sostenible a través de un conjunto de inversiones de apoyo como actuaciones de forestación y planificación para la mejora de las masas forestales y de su biodiversidad, el enriquecimiento de especies y el apoyo a su evolución o la defensa de los ecosistemas a través de la lucha contra incendios. La restauración de minas y el desmantelamiento de instalaciones, incluidas las centrales térmicas de carbón, presentan una oportunidad para generar actividad y empleo a corto plazo . Este proceso deberá ir acompañado de programas de formación. La acción se centra en centros abandonados durante mucho tiempo, donde las empresas han quebrado o liquidado, requiriendo que las administraciones públicas se encarguen de la restauración según lo establecido por la legislación. Ejecutar inversiones esenciales en el sector de recogida y tratamiento de residuos en línea con el Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, que garanticen una gestión adecuada y alcanzar los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales. El Instituto para la Transición Justa, O.A. iniciará un programa de formación en instalación y mantenimiento de energías renovables (eólica y fotovoltaica), así como en rehabilitación energética y restauración medioambiental . Esta iniciativa se llevará a cabo en colaboración con empresas y asociaciones empresariales de estos sectores, y se coordinará con el SEPE y los servicios públicos de empleo. Ante los desafíos futuros del sector agrario, como la transición hacia un modelo más sostenible y la adaptación al cambio climático, así como las estrategias comunitarias recientes (Farm to Fork; Biodiversidad 2030) en línea con el Pacto Verde Europeo, se requiere un ambicioso plan de inversiones a largo y medio plazo. El Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) busca respaldar la implementación de reformas necesarias mediante inversiones públicas y privadas que fomenten un cambio estructural en la producción agrícola y ganadera, generando beneficios para el medio rural, la sociedad, la economía y el medio ambiente en su conjunto. Con el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad se llevarán a cabo inversiones para la modernización de regadíos sostenibles con el fin de fomentar el ahorro de agua y mejorar la eficiencia energética en los regadíos de España. Estas inversiones se aplicarán en áreas previamente designadas como de interés general del Estado, mediante una norma con rango de ley. Esta medida se presenta como una herramienta crucial en la lucha contra la despoblación. Impulso de inversiones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones agropecuarias a través de un programa de ayudas Turismo sostenible La Estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible promueve un turismo responsable que beneficie a las comunidades locales, respetando su autenticidad cultural y aportando beneficios socioeconómicos, especialmente en el turismo rural . Esto contribuye a proteger la agricultura diversa, combatir las desigualdades sociales y crear empleo, apoyando la población joven y combatiendo la despoblación en las zonas rurales. Además, se busca fomentar la sostenibilidad ambiental y el bienestar en estas áreas a través de medidas de desarrollo rural. El Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020, propone un sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de naturaleza en la red Natura 2000, aprovechando los recursos naturales como fuente de ingresos y empleo. El Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000, se aprueba dentro del Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020. Este sistema se basa en la atracción de la naturaleza y promueve el turismo sostenible en espacios naturales protegidos, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y culturales, así como las particularidades locales. Se inspira en la Carta Europea de Turismo Sostenible en los espacios protegidos, que busca apoyar las actividades económicas tradicionales y mejorar la calidad de vida en estas áreas. Actividades económicas sostenibles desarrolladas en el territorio Bioeconomía La Estrategia española de Bioeconomía: Horizonte 2030 (2015), es el principal instrumento a nivel nacional para el desarrollo de la bioeconomía. Definida como la generación de valor económico mediante el uso eficiente y sostenible de recursos biológicos, la estrategia abarca sectores como la agricultura, ganadería, caza y pesca, acuicultura, forestal, bioproductos industriales y bioenergía. Involucra a diversos ministerios y fue desarrollada en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales. A nivel nacional, la bioeconomía generó en 2020 un volumen de negocio de 229.873 millones de euros, con 68.510 millones de euros de valor añadido y 1,41 millones de empleos. El Gobierno destinó 77 millones de euros en mayo de 2023 de fondos NextGenerationEU para el fomento de la bioeconomía forestal. A nivel autonómico, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y País Vasco tienen estrategias específicas de bioeconomía. Además, se impulsan proyectos innovadores en bioeconomía, financiados a nivel europeo y nacional. Iniciativas como el programa START-BEC que fomentan el emprendimiento en bioeconomía orientando startups en bioeconomía. En el marco del programa Agroalnext , se evaluó la biomasa potencial en España a nivel provincial, proporcionando una visión global del país. La nueva PAC En el sector agrícola, el desarrollo económico ha estado influenciado desde 1962 por la creación de la Política Agraria Común (PAC), la cual representa una asociación entre la agricultura y la sociedad, así como entre Europa y sus agricultores. La PAC es una política compartida por todos los países de la UE, centrada en el sector agrario y rural. Su base legal está en el Tratado de funcionamiento de la UE y constituye la principal política presupuestaria de la Unión. La PAC brinda un sólido respaldo a los agricultores, proporcionando estabilidad en los ingresos, seguridad y mejora la rentabilidad del sector agrario, contribuyendo al mantenimiento de la actividad agraria y del sistema agroalimentario en su conjunto. Además, la PAC establece condiciones para que el sector agrario cumpla funciones esenciales que benefician a los consumidores y a la sociedad en general:

Biodiversidad | Panorama de políticas ambientales | CONAMA 2026

Introducción El análisis de la actualidad de las políticas de biodiversidad en España sitúa en el centro al Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado en junio de 2024. Este nuevo instrumento normativo representa un cambio de paradigma en las políticas de conservación, protección y restauración de la naturaleza, al establecer objetivos vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea. Su aplicación plantea desafíos relevantes, entre los que destacan la necesidad de armonizarlo con el marco normativo existente y de coordinar su implementación en un contexto de competencias distribuidas entre distintos niveles de gobierno. En el caso de España, el acervo normativo en materia de naturaleza y biodiversidad es amplio y cuenta con un largo recorrido. La complejidad no reside tanto en la ausencia de marcos regulatorios, sino en la coordinación entre múltiples sectores y escalas administrativas. En este contexto, durante la preparación de CONAMA 2024 se tomó como eje de análisis el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 (PEEPNB), aprobado en 2022, que actúa como instrumento vertebrador de las políticas de biodiversidad en España y se alinea con los compromisos internacionales y europeos, estableciendo medidas orientadas a frenar el deterioro de los ecosistemas y avanzar en su restauración. Actualmente, los Estados miembros se encuentran inmersos en la elaboración de los Planes Nacionales de Restauración de la Naturaleza, que deberán presentarse antes del 1 de septiembre de 2026. En esta fase, los procesos participativos, la disponibilidad y calidad de los datos, la identificación de mecanismos de financiación adecuados y la coordinación entre múltiples actores se configuran como algunos de los principales desafíos. Entre enero y marzo de 2026, el MITECO desarrolló una consulta pública que recibió más de 26.500 respuestas, uno de los procesos de participación más amplios de la política ambiental española hasta la fecha. No obstante, distintas organizaciones sociales y ambientales —agrupadas desde marzo de 2026 en la Alianza por la Restauración de la Naturaleza— han denunciado falta de transparencia en la elaboración del plan y un compromiso desigual entre comunidades autónomas, en un contexto en el que, según datos del propio MITECO, solo el 9 % de los hábitats españoles se encuentra en buen estado de conservación. A estos retos de participación, disponibilidad de datos, financiación y coordinación entre administraciones se suma el cambio de ciclo político en la Comisión Europea y el creciente énfasis en vincular la naturaleza con los enfoques de competitividad y seguridad. En este contexto, el presente análisis del panorama de políticas públicas sobre biodiversidad tiene como objetivo ofrecer una visión sistémica y actualizada de cómo se están abordando estos retos, así como identificar oportunidades y conexiones con otros sectores estratégicos. De manera específica, el análisis se orienta a: · Analizar la situación actual de las políticas de biodiversidad en un contexto en el que la Comisión Europea vincula la restauración de la naturaleza con la seguridad alimentaria, hídrica y climática, así como con la competitividad, considerando riesgos físicos, dependencia de recursos y costes aseguradores, entre otros, y tomando como instrumento central el Reglamento de Restauración de la Naturaleza. · Aterrizar las implicaciones para España, identificando los principales desafíos para responder a las nuevas obligaciones de restauración de ecosistemas y su articulación con instrumentos existentes, como el PEEPNB, así como con el diseño e implementación del Plan Nacional de Restauración. · Identificar los cuellos de botella para avanzar en el cumplimiento del marco político de conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad —en particular en materia de información, gobernanza y financiación— y reconocer oportunidades emergentes vinculadas a la innovación territorial, nuevos modelos de negocio y herramientas financieras. La reflexión se articula en torno a tres mensajes transversales: · La restauración de la naturaleza como infraestructura de seguridad, clave para la protección frente a inundaciones, sequías y riesgos climáticos y alimentarios. · La restauración de la naturaleza como agenda de competitividad, al reducir riesgos para cadenas de valor estratégicas como la agroalimentación, el turismo, la energía o los seguros. · La restauración de la naturaleza como espacio de gobernanza, que exige coordinar de forma efectiva al Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, el sector privado, el sector financiero y la sociedad civil. 1. Planificación de la biodiversidad en el nuevo ciclo europeo. Un marco vinculante para la restauración La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1991 relativo a la restauración de la naturaleza incorpora por primera vez objetivos vinculantes y cuantificados de restauración aplicables al conjunto de los Estados miembros. La norma establece como objetivo general que las medidas de restauración cubran, de aquí a 2030, al menos el 20 % de las zonas terrestres y el 20 % de las zonas marinas de la Unión, y que en 2050 se hayan aplicado en todos los ecosistemas que necesiten restauración. Este objetivo general se concreta mediante obligaciones diferenciadas para los ecosistemas terrestres, costeros, fluviales, marinos, urbanos, agrarios y forestales. En el caso de los tipos de hábitats protegidos que no se encuentran en buena condición, los Estados miembros deberán aplicar medidas de restauración al menos en el 30 % de su superficie para 2030, en el 60 % para 2040 y en el 90 % para 2050. Cuando sea necesario restablecer hábitats en zonas donde han desaparecido, los porcentajes ascienden al 30 %, 60 % y 100 %, respectivamente. El Reglamento incorpora también objetivos relacionados con la conectividad fluvial, los ecosistemas urbanos, los polinizadores y la biodiversidad agraria y forestal. Entre ellos se encuentran restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos de flujo libre antes de 2030; evitar hasta ese año la pérdida neta de espacios verdes urbanos y de cubierta arbórea urbana e incrementarlos posteriormente; invertir el declive de las poblaciones de polinizadores; y contribuir al compromiso europeo de plantar al menos 3.000 millones de árboles adicionales. Más allá de las metas cuantitativas, la principal transformación reside en que la restauración deja de depender únicamente de proyectos voluntarios o actuaciones aisladas y pasa a formar parte de un marco estable de planificación pública. Los Estados deberán identificar los ecosistemas y superficies prioritarias, definir medidas, estimar las necesidades financieras y establecer sistemas de seguimiento que permitan comprobar sus resultados. Del marco europeo a la planificación nacional El Reglamento concede a los Estados un margen importante para determinar dónde, cómo y con qué instrumentos deben alcanzarse los objetivos. Por ello, el Plan Nacional de Restauración será el principal mecanismo para trasladar las obligaciones europeas a las características ecológicas, administrativas y territoriales de España. Su elaboración requiere cuantificar las superficies sobre las que actuar, conocer el estado de los hábitats, seleccionar zonas prioritarias y establecer medidas adaptadas a los distintos ecosistemas. La selección deberá apoyarse en el mejor conocimiento científico disponible y considerar aspectos como la conectividad, la adaptación al cambio climático, la prevención de desastres, la seguridad alimentaria y las relaciones entre los diferentes ecosistemas. Este proceso plantea retos que van más allá de la conservación estrictamente ambiental. Entre ellos se encuentran la coordinación entre administraciones, la articulación con las políticas agrarias, forestales, hidrológicas, energéticas y urbanísticas, la titularidad y los usos del suelo, la disponibilidad de personal cualificado y la participación de quienes gestionan el territorio. También será necesario diferenciar entre las medidas que pueden integrarse en instrumentos existentes y aquellas que requieren nuevas capacidades, procedimientos o fuentes de financiación. El Reglamento no puede resolver por sí solo las causas que provocan la degradación de los ecosistemas. En este sentido, el Plan Nacional de Restauración debe concebirse no solo como un documento de cumplimiento europeo, sino como un instrumento para ordenar prioridades, coordinar políticas y orientar inversiones. El marco internacional de biodiversidad El Reglamento europeo se inscribe en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022. Este marco establece 23 metas para 2030, entre ellas someter a restauración efectiva al menos el 30 % de los ecosistemas degradados y proteger el 30 % de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas. También plantea movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para biodiversidad antes de 2030, procedentes de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales. La COP16, concluida en febrero de 2025 tras su sesión reanudada en Roma, permitió alcanzar acuerdos sobre financiación, seguimiento, indicadores y revisión del progreso colectivo. La COP17, prevista del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván (Armenia), deberá revisar los avances en la aplicación del Marco Mundial y el grado de alineación de las estrategias nacionales con sus objetivos. Este contexto refuerza la necesidad de conectar los planes nacionales de restauración con las estrategias de biodiversidad, los sistemas de seguimiento y los mecanismos de financiación. También sitúa en primer plano cuestiones como la reforma de incentivos perjudiciales, la movilización de recursos privados y la necesidad de garantizar salvaguardas ambientales y sociales en los instrumentos financieros emergentes. Biodiversidad, seguridad y competitividad en el nuevo ciclo europeo La Estrategia de la UE para la Biodiversidad 2030 continúa siendo el marco político central para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas. Entre sus compromisos se encuentra proteger al menos el 30 % de la superficie terrestre y marina de la Unión, con una protección estricta de al menos un tercio de esas zonas. Sin embargo, desde el inicio del ciclo institucional con la Agenda Estratégica de la Comisión Europea 2024-2029, la biodiversidad se está integrando en una agenda más amplia marcada por la competitividad, la seguridad y la preparación frente a riesgos. La Brújula para la Competitividad 2025, el Pacto por una Industria Limpia, la Estrategia de Preparación de la Unión Europea, la Visión sobre la Agricultura y Alimentación y la Estrategia europea de resiliencia hídrica reflejan este nuevo encuadre. Este cambio ofrece una oportunidad para presentar la restauración como una inversión capaz de reducir riesgos y dependencias. Los ecosistemas funcionales sostienen la disponibilidad y calidad del agua, la fertilidad de los suelos, la polinización, la protección frente a inundaciones y erosión y la resiliencia de las cadenas agroalimentarias, turísticas e industriales. El propio Reglamento relaciona la restauración con la adaptación climática, la neutralidad en la degradación de las tierras y la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, este nuevo encuadre exige cautela. El valor económico y estratégico de los ecosistemas puede reforzar el apoyo político a su restauración, pero no debe sustituir los objetivos de integridad ecológica ni reducir la naturaleza a los servicios que presta a la economía. El reto consiste en aprovechar las conexiones con la seguridad y la competitividad sin debilitar las obligaciones de conservación ni trasladar exclusivamente al mercado responsabilidades que corresponden a los poderes públicos. Un entramado normativo más amplio El Reglamento de Restauración debe aplicarse junto con un conjunto de políticas europeas que inciden directamente sobre el estado de los ecosistemas. Entre ellas se encuentran las directivas de Aves y Hábitats, la Estrategia de Biodiversidad 2030, la Estrategia de infraestructura verde de la UE, el Plan de acción «contaminación cero, la Estrategia Europea Forestal 2030 y Reglamento de la UE sobre especies exóticas invasoras. En este marco debe incorporarse también la Directiva de Salud del Suelo, adoptada en septiembre de 2025, que establece el primer sistema común europeo para evaluar y vigilar el estado físico, químico y biológico de los suelos, así como para mejorar la gestión de los terrenos contaminados. En el ámbito marino, la restauración debe coordinarse con la Directiva marco sobre la estrategia marina, orientada a alcanzar el buen estado ambiental, y con la ordenación del espacio marítimo, que organiza los diferentes usos y actividades del mar considerando sus efectos ecológicos, económicos y sociales. Iniciativa de la UE sobre los polinizadores constituye otro ejemplo de esta articulación. La Iniciativa de la UE sobre los Polinizadores fue revisada en 2023 y continúa vigente, mientras que el Reglamento de Restauración introduce la obligación vinculante de invertir el declive de sus poblaciones antes de 2030 y mantener posteriormente una tendencia creciente. 2. Articulación del Plan Nacional de Restauración con las políticas sectoriales De la protección formal a la gestión y restauración efectivas España afronta la elaboración del Plan Nacional de Restauración desde una posición singular. Cuenta con una elevada diversidad biológica, una extensa red de espacios protegidos y una amplia experiencia técnica y administrativa en conservación y restauración. Esta base constituye una ventaja para aplicar el Reglamento europeo, pero no elimina la brecha existente entre la protección formal del territorio y el estado efectivo de conservación de muchos ecosistemas. El reto ya no consiste únicamente en ampliar la superficie protegida, sino en garantizar que los espacios dispongan de objetivos de conservación actualizados, medidas aplicadas, recursos suficientes y sistemas capaces de evaluar su efectividad. También será necesario reforzar la conectividad entre ellos y actuar sobre territorios degradados situados fuera de las áreas protegidas, donde se concentran buena parte de las presiones derivadas de los usos agrarios, urbanos, industriales y de las infraestructuras. La Red Natura 2000 constituye una pieza central de este proceso. El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad - PEEPNB prevé que en 2028 se hayan revisado los objetivos y las medidas del conjunto de las Zonas Especiales de Conservación y que en 2030 todos los espacios de la red evalúen regularmente la efectividad de las medidas adoptadas. Estos compromisos ofrecen una base directa para identificar prioridades y actuaciones dentro del Plan Nacional de Restauración. La ampliación reciente de los espacios marinos protegidos muestra avances en la representación de ecosistemas marinos dentro de la red. Sin embargo, el siguiente paso es dotar a estos espacios de instrumentos de gestión, seguimiento y financiación suficientes. En este sentido, la declaración de nuevos espacios debe entenderse como el inicio de una política de gestión activa y no como su resultado final. En el ámbito marino, el país supera ya el 22,4 % de superficie protegida, tras la incorporación reciente de seis nuevos espacios que suman casi 1,7 millones de hectáreas —identificados a través del proyecto LIFE INTEMARES. El PEEPNB como marco vertebrador El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 continúa siendo el principal marco estatal para ordenar las políticas de conocimiento, conservación, restauración, financiación y gobernanza de la biodiversidad. Sus ocho líneas prioritarias abarcan desde la generación de información y la recuperación de ecosistemas hasta la integración de la biodiversidad en las actividades económicas y el refuerzo institucional. El plan estima una inversión superior a 4.173 millones de euros hasta 2030, aunque varias de sus líneas dependen de presupuestos e instrumentos sectoriales que no siempre están identificados de forma separada. Más que sustituir al PEEPNB, el Plan Nacional de Restauración deberá concretar territorialmente una parte de sus objetivos. Para ello tendrá que identificar qué medidas ya están previstas en los instrumentos existentes, cuáles deben ampliarse y qué actuaciones nuevas serán necesarias para cumplir el Reglamento europeo. El PEEPNB contempla un informe intermedio de seguimiento y evaluación durante el primer semestre de 2026, centrado en el grado de implementación de sus líneas de actuación y en los indicadores de estado y tendencia de la biodiversidad. La relación entre esta evaluación y la elaboración del Plan Nacional de Restauración constituye una oportunidad para evitar sistemas paralelos y utilizar una base común de información, seguimiento e inversión. La cuestión clave no es, por tanto, crear un nuevo nivel de planificación independiente, sino asegurar que el PNR se integre en la arquitectura existente y contribuya a reforzar su ejecución. Infraestructura verde, conectividad y planificación territorial La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica (2021) proporciona el marco territorial más directamente relacionado con el futuro PNR. Su finalidad es identificar y conectar los elementos naturales y seminaturales que sostienen los procesos ecológicos y los servicios ecosistémicos, incorporándolos a la ordenación territorial, urbana, sectorial y marítima. Su desarrollo exige coordinar las actuaciones de la Administración General del Estado con las estrategias autonómicas y con la planificación local. La publicación en 2026 de la tercera edición de la guía metodológica para identificar los elementos de la infraestructura verde supone un avance hacia una cartografía común y comparable entre administraciones. Esta homogeneización es especialmente importante para el Plan Nacional de Restauración. La selección de las zonas prioritarias no debería basarse únicamente en la disponibilidad de suelo o de financiación, sino en criterios como: el estado de conservación; la conectividad ecológica; la reducción de presiones; la adaptación al cambio climático; la protección frente a riesgos; la posibilidad de recuperar procesos ecológicos a escala de paisaje. La infraestructura verde permite, además, superar una concepción de la restauración limitada a espacios aislados. Su aplicación puede conectar zonas protegidas con territorios agrarios, forestales, fluviales, costeros y urbanos, integrando las actuaciones en una lógica territorial más amplia. Agua, ríos y humedales Los ecosistemas acuáticos constituyen uno de los ámbitos en los que la integración de políticas resulta más necesaria. La Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos, los planes de gestión del riesgo de inundación, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y el Plan Estratégico de Humedales a 2030 comparten objetivos relacionados con la recuperación ecológica, la conectividad, la mejora de los regímenes hidrológicos y la reducción de riesgos. La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos se articula expresamente con los planes hidrológicos, los planes de gestión del riesgo de inundación, el PEEPNB, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC, la Estrategia de Infraestructura Verde y el Plan Estratégico de Humedales. Sus actuaciones incluyen la recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos, la mejora de los bosques de ribera, el control de especies invasoras y la eliminación o adaptación de barreras obsoletas. El Plan Estratégico de Humedales a 2030 parte del reconocimiento de que estos ecosistemas continúan sometidos a procesos de pérdida y degradación y plantea medidas urgentes y continuadas para su conservación y recuperación. Su aplicación requiere integrar las necesidades hídricas de los humedales en la planificación hidrológica y actuar sobre las presiones que se originan fuera de sus límites formales. Este ámbito evidencia que restaurar no significa únicamente intervenir físicamente sobre un espacio. También implica recuperar caudales, reducir extracciones y contaminación, ordenar los usos del suelo y favorecer dinámicas naturales. El PNR debería ayudar a coordinar estas medidas y evitar que las actuaciones de restauración convivan con presiones sectoriales que continúan degradando los ecosistemas. Agricultura, ganadería y gestión forestal Los ecosistemas agrarios y forestales ocupan una parte considerable del territorio y desempeñan un papel decisivo en la conectividad, el estado de los suelos, la disponibilidad de agua, la conservación de polinizadores y la prevención de incendios. Por ello, la implementación del Reglamento no puede limitarse a los espacios protegidos. El Plan Estratégico para la Política Agrícola Común en España 2023-2027 (PEPAC) incorpora ecorregímenes y otras intervenciones ambientales, pero responde a una lógica de ayudas, requisitos y compromisos temporales distinta de la planificación de la restauración. El desafío consiste en determinar qué medidas agrarias pueden contribuir de manera verificable a los objetivos del PNR y qué modificaciones serán necesarias en el siguiente periodo de la PAC. La restauración en paisajes agrarios requerirá la participación de agricultores, ganaderos y propietarios, así como incentivos que reconozcan los costes de gestión y los beneficios públicos generados. Elementos como los setos, linderos, pastizales extensivos, humedales temporales, bosques de ribera y mosaicos agroforestales pueden desempeñar un papel relevante en la conectividad y la recuperación de funciones ecológicas. En el ámbito forestal, la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español 2022-2032 ofrecen instrumentos para integrar la conservación, la conectividad, la gestión adaptativa y la restauración. La aplicación del PNR debería reforzar la recuperación de ecosistemas forestales degradados y evitar que la restauración se reduzca a plantaciones, priorizando la diversidad estructural, la regeneración natural y la adaptación al clima futuro. Energía, infraestructuras y ordenación territorial La expansión de las energías renovables, las redes eléctricas, el transporte y otras infraestructuras introduce nuevas presiones sobre el suelo y la conectividad ecológica. La transición energética y la restauración de la naturaleza deben planificarse de forma coordinada para evitar que los avances en descarbonización generen impactos incompatibles con los objetivos de biodiversidad. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y los instrumentos de evaluación ambiental ofrecen una primera base para incorporar criterios de biodiversidad en la localización y diseño de las instalaciones. Sin embargo, resulta necesario avanzar hacia una planificación anticipada que identifique las áreas de mayor sensibilidad, las zonas compatibles y las oportunidades para restaurar espacios afectados por infraestructuras existentes. En materia de transporte, la Estrategia de Desfragmentación de hábitats afectados por infraestructuras de transporte, aprobada en 2024, establece ocho ejes y 37 acciones para reducir el efecto barrera de carreteras y ferrocarriles y mejorar la conectividad territorial. Su Programa de Trabajo 2025-2029 puede contribuir directamente a los objetivos del PNR mediante la identificación de tramos prioritarios, la adecuación de pasos de fauna y la restauración de corredores interrumpidos. La integración con la planificación urbana resulta igualmente necesaria. El Reglamento incorpora obligaciones específicas para los ecosistemas urbanos, por lo que las infraestructuras verdes y azules, la renaturalización, la recuperación de ríos urbanos y la ampliación de la cobertura arbórea deberán trasladarse a los instrumentos municipales de ordenación y gestión. Medio marino y ordenación del espacio marítimo La restauración marina debe coordinarse con las estrategias marinas, la política pesquera, la gestión de los espacios protegidos y los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. En febrero de 2026 se encontraba en elaboración el segundo ciclo de los POEM, cuya aprobación está prevista para 2027. Este proceso ofrece una oportunidad para incorporar desde el inicio las necesidades de restauración, conectividad y protección de hábitats en la distribución espacial de los usos marítimos. La interacción entre conservación, pesca, navegación, eólica marina y otras actividades exige superar una planificación basada exclusivamente en la compatibilidad de usos. El PNR deberá identificar dónde es necesario reducir presiones, restaurar hábitats y asegurar la coherencia ecológica de la red de espacios marinos protegidos. 3. Experiencia técnica, capacidades y transferencia de conocimiento Una base de conocimiento amplia, pero dispersa España cuenta con varias décadas de experiencia en restauración ecológica desarrollada por administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas, organizaciones ambientales y entidades de custodia del territorio. Esta trayectoria incluye actuaciones en ecosistemas fluviales, humedales, bosques, espacios agrarios, explotaciones mineras, zonas costeras y marinas y entornos urbanos. El desarrollo del Plan Nacional de Restauración no parte, por tanto, de una ausencia de conocimiento técnico. El reto consiste en identificar qué experiencias responden realmente a los criterios del Reglamento europeo, conocer sus resultados, extraer aprendizajes comparables y trasladarlos a actuaciones de mayor escala. La experiencia acumulada se encuentra distribuida entre administraciones, proyectos europeos, programas de investigación, consultoras, universidades y organizaciones sociales. Buena parte de la información permanece en memorias técnicas, informes finales o bases de datos sectoriales que no siempre son accesibles ni utilizan formatos comunes. Esta fragmentación dificulta conocer qué se ha restaurado, con qué metodología, a qué coste y con qué resultados a medio y largo plazo. Referencias metodológicas y criterios comunes España dispone de documentos técnicos que ofrecen una base para ordenar este conocimiento. Entre ellos se encuentran la Guía práctica de Restauración Ecológica (2018), y las Directrices y criterios para la restauración ecológica en España (2025), incorporadas por el MITECO a la documentación de apoyo para la elaboración del Plan Nacional de Restauración. Estas referencias permiten avanzar hacia una comprensión compartida de la restauración como un proceso orientado a recuperar la composición, estructura, funcionalidad y capacidad de adaptación de los ecosistemas. También ayudan a diferenciarla de actuaciones que pueden producir mejoras ambientales, pero que no necesariamente abordan las causas de degradación ni recuperan procesos ecológicos. El Plan Nacional de Restauración ofrece la oportunidad de consolidar unos criterios básicos comunes para el diseño y evaluación de las actuaciones. Estos mínimos deberían abarcar: diagnóstico del ecosistema y de las causas de degradación; definición de objetivos y condiciones de referencia; selección de medidas adaptadas al contexto; participación de las personas y sectores implicados; seguimiento mediante indicadores ecológicos y socioeconómicos; gestión adaptativa; mantenimiento y financiación a largo plazo. La homogeneización de criterios no debe traducirse en soluciones idénticas para todos los territorios. La restauración depende de las condiciones ecológicas, climáticas, sociales y productivas de cada espacio. Los estándares comunes deben facilitar la calidad, la comparación y el aprendizaje, pero mantener margen suficiente para adaptar las actuaciones. Del inventario de proyectos al aprendizaje colectivo La elaboración de un repositorio nacional de actuaciones podría desempeñar un papel relevante para reunir el conocimiento existente. Para que resulte útil, no debería limitarse a localizar proyectos o contabilizar superficies. Tendría que incorporar información sobre: situación inicial; objetivos; técnicas aplicadas; actores participantes; inversión y fuentes de financiación; indicadores y duración del seguimiento; resultados ecológicos; necesidades de mantenimiento; dificultades y lecciones aprendidas. Hasta mayo de 2026, la plataforma se encontraba pendiente de materialización pública. Su diseño debería coordinarse con el Banco de Datos de la Naturaleza, el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y los sistemas de información de las comunidades autónomas, evitando crear una base aislada o dependiente de aportaciones voluntarias difíciles de mantener. La experiencia de los inventarios sectoriales muestra la importancia de mejorar la documentación. La recopilación de actuaciones de restauración de humedales identificó cerca de 700 proyectos desarrollados durante dos décadas, pero únicamente pudo seleccionar 78 para un análisis detallado, en buena medida por la falta de información suficiente. El futuro repositorio debería recoger tanto experiencias exitosas como actuaciones que no alcanzaron los resultados previstos. La publicación selectiva de casos de éxito puede producir una visión incompleta y favorecer la repetición de errores. El conocimiento sobre mortalidad de plantaciones, costes de mantenimiento, conflictos territoriales, fallos de diseño o respuesta insuficiente de los ecosistemas resulta tan útil como la identificación de buenas prácticas. El aprendizaje generado por el PRTR El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha supuesto una ampliación significativa de las actuaciones relacionadas con restauración, infraestructura verde, renaturalización urbana, gestión fluvial y conocimiento de la biodiversidad. Las convocatorias gestionadas por la Fundación Biodiversidad financiaron más de 350 proyectos, muchos de los cuales finalizaron durante 2025. Para 2026 se planteó como prioridad evaluar y transferir el conocimiento generado. Este cierre de ciclo ofrece una oportunidad para responder a preguntas que van más allá de la ejecución presupuestaria: ¿Qué resultados ecológicos se han obtenido? ¿Qué proyectos han logrado continuar después de la ayuda? ¿Qué modelos de gobernanza han funcionado mejor? ¿Qué barreras han limitado la ejecución? ¿Qué actuaciones pueden replicarse o ampliarse? ¿Qué capacidades técnicas y profesionales se han consolidado? La evaluación debería permitir diferenciar entre proyectos demostrativos y modelos realmente escalables. Una actuación puede ser eficaz en un espacio concreto, pero requerir otras condiciones para aplicarse a escala de paisaje, cuenca o región biogeográfica. Escalar sin replicar mecánicamente Pasar de proyectos piloto a programas territoriales de restauración no significa reproducir una misma intervención en más lugares. El escalado requiere conectar actuaciones, abordar las causas de degradación y coordinar la restauración con la gestión del agua, los usos agrarios y forestales, las infraestructuras y la ordenación territorial. Experiencias como los marcos de actuación de Doñana y del Mar Menor muestran una evolución hacia intervenciones que combinan restauración ambiental, recuperación hidrológica, seguimiento científico, colaboración administrativa y medidas socioeconómicas. Aunque sus resultados deberán evaluarse a largo plazo, representan una aproximación más sistémica que la suma de proyectos independientes. El Plan Nacional de Restauración debería favorecer este cambio de escala mediante: prioridades territoriales; carteras de proyectos conectados; financiación plurianual; estructuras estables de coordinación; seguimiento compartido; participación de propietarios y sectores productivos; mecanismos para adaptar las medidas según los resultados. 4. Gobernanza multinivel y mecanismos de implementación Un reto de coordinación y ejecución territorial La aplicación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza plantea un desafío especialmente relevante para España debido a la distribución de competencias entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. El Estado deberá presentar el Plan Nacional de Restauración y garantizar su coherencia con el marco europeo, mientras que una parte sustancial de las competencias de planificación, gestión y ejecución corresponde a las comunidades autónomas y, en determinados ámbitos, a los gobiernos locales. La gobernanza no puede limitarse, por tanto, a un proceso de consulta previo a la aprobación del plan. Será necesario establecer mecanismos estables para acordar prioridades, distribuir responsabilidades, coordinar presupuestos, compartir información y evaluar los resultados. También deberán definirse procedimientos para resolver discrepancias cuando los objetivos de restauración entren en tensión con otros usos del territorio. La eficacia del PNR dependerá de que exista una correspondencia clara entre: objetivos; administraciones responsables; instrumentos de planificación; fuentes de financiación; plazos; indicadores de seguimiento. Sin esta relación, existe el riesgo de que el plan establezca metas nacionales cuya ejecución quede dispersa entre distintos instrumentos y administraciones. La coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas España dispone de una arquitectura institucional previa que puede utilizarse para acompañar la elaboración y aplicación del plan. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad funciona como órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y cuenta con comités especializados en materias como espacios protegidos, humedales, flora y fauna, gestión forestal e incendios. Este marco permite aprovechar estructuras existentes y evitar la creación de órganos paralelos. No obstante, el alcance transversal del PNR puede requerir reforzar la coordinación con ámbitos que tradicionalmente han trabajado de forma separada, como: agricultura; agua; energía; infraestructuras; urbanismo; gestión costera y marina; hacienda y financiación pública. La gobernanza también deberá reconocer la diversidad territorial. Las necesidades de restauración, los sistemas de propiedad, las presiones y las capacidades administrativas varían entre regiones biogeográficas, comunidades autónomas, islas, territorios rurales y áreas metropolitanas. El Reglamento permite considerar estas condiciones regionales y locales, siempre que se garantice el cumplimiento conjunto de los objetivos. El papel de las entidades locales Las entidades locales tendrán un papel especialmente relevante en los ecosistemas urbanos, la infraestructura verde, la restauración de ríos y espacios periurbanos y la ordenación del suelo. También son la administración más próxima a la población y pueden facilitar procesos de participación, mantenimiento y vigilancia de las actuaciones. Sin embargo, muchos municipios —especialmente los de menor tamaño— no disponen de personal especializado, recursos financieros estables o información suficiente para incorporar la restauración a sus instrumentos de planificación. La aplicación del PNR debería prever mecanismos de asistencia técnica, cooperación supramunicipal y acceso simplificado a financiación. También será necesario articular los objetivos nacionales con instrumentos locales como: planes generales de ordenación; estrategias de infraestructura verde; planes de adaptación; ordenanzas de gestión de zonas verdes; planes de movilidad y regeneración urbana; planificación de riesgos e inundaciones. La restauración urbana no debería plantearse como una suma de actuaciones ornamentales, sino como una política conectada con la biodiversidad, la adaptación climática, la salud y la cohesión territorial. De la consulta pública a la participación continuada El Reglamento establece que la elaboración de los planes nacionales debe realizarse mediante un proceso abierto, transparente, inclusivo y eficaz. También señala la necesidad de implicar a autoridades locales y regionales, personas propietarias y usuarias de la tierra, organizaciones sociales, empresas, comunidad científica, agricultores, ganaderos, pescadores, silvicultores e inversores. En España, el proceso impulsado por el MITECO ha combinado grupos de trabajo con administraciones, sectores económicos, organizaciones ambientales y comunidad científica, junto con una consulta ciudadana abierta. Esta última recibió 26.543 respuestas válidas entre enero y marzo de 2026. La amplitud de la participación constituye un activo, pero su valor dependerá de cómo se integren las aportaciones en el plan. Para reforzar la confianza, sería conveniente que el PNR explique: qué propuestas se han incorporado; cuáles no se han considerado y por qué; cómo se han conciliado intereses divergentes; qué espacios de participación continuarán durante la ejecución; cómo podrán revisarse las medidas según los resultados. La participación debería mantenerse más allá de la aprobación del documento. La ejecución de actuaciones concretas puede generar conflictos relacionados con los usos del suelo, la propiedad, el agua, las actividades productivas o la distribución de costes y beneficios. Abordarlos de forma temprana resulta más eficaz que intentar resolverlos cuando los proyectos ya están definidos. Propietarios, gestores y sectores vinculados al territorio Una parte relevante de las actuaciones deberá desarrollarse en terrenos privados o en espacios sometidos a usos agrarios, forestales, ganaderos y pesqueros. Por ello, la aplicación del plan requerirá la participación activa de quienes poseen, utilizan y gestionan estos territorios. El Reglamento reconoce esta dimensión y establece que el enfoque debe ser justo para el conjunto de la sociedad. En determinadas medidas, como la rehumectación de turberas agrícolas, aclara además que la participación de agricultores y propietarios privados será voluntaria y deberá apoyarse mediante incentivos, asesoramiento y formación. La implicación territorial dependerá de que las medidas: sean comprensibles y técnicamente viables; ofrezcan estabilidad a largo plazo; reconozcan los costes de adaptación y mantenimiento; sean compatibles con actividades productivas sostenibles; distribuyan de forma equilibrada beneficios y responsabilidades. En este contexto, la restauración no debería plantearse como una intervención diseñada exclusivamente desde la Administración o la comunidad científica, sino como un proceso que combine criterios ecológicos con conocimiento local y capacidad de gestión. La custodia del territorio como herramienta de colaboración La custodia del territorio constituye una de las herramientas más consolidadas para establecer acuerdos voluntarios entre propietarios, entidades de custodia y otros actores interesados en la conservación y restauración. El 7º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España (2020-2023) recoge 4.632 acuerdos impulsados por 268 entidades y una superficie superior a las 700.000 hectáreas. Cerca del 70 % de las iniciativas se encuentra georreferenciado y el inventario incorpora información sobre financiación, planes de gestión y productos o servicios generados en las fincas. Su principal aportación al PNR reside en la capacidad para: facilitar actuaciones sobre propiedad privada; mantener relaciones de largo plazo; incorporar conocimiento del territorio; implicar a organizaciones locales; conectar conservación y actividad productiva; movilizar recursos públicos y privados. No obstante, el número de acuerdos o la superficie cubierta no permiten, por sí solos, valorar su contribución ecológica. Para integrarlos en el PNR será necesario conocer sus objetivos, duración, medidas de gestión, seguimiento y resultados. La custodia puede ser un mecanismo de implementación del plan, pero no debe convertirse en una vía para trasladar responsabilidades públicas a entidades que dependen de convocatorias temporales o cuentan con recursos limitados. Colaboración con el sector empresarial Las empresas intervienen en la restauración desde diferentes posiciones: como titulares o gestoras de suelo, responsables de impactos, contratistas, proveedoras de soluciones, financiadoras o usuarias de servicios ecosistémicos. Por ello, la colaboración empresarial debe superar una visión centrada únicamente en el patrocinio de proyectos. La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB) ofrece un espacio para el diálogo público-privado, la formación y el desarrollo de herramientas destinadas a incorporar la naturaleza a la gestión corporativa. Sus líneas de trabajo incluyen restauración y conservación, custodia del territorio, naturaleza y finanzas, turismo y cadenas de suministro. El PNR puede proporcionar un marco para orientar la contribución empresarial hacia prioridades públicas, siempre que se respeten algunos principios: prevención y reducción de impactos antes que compensación; adicionalidad de las actuaciones; metodologías e indicadores verificables; transparencia sobre la financiación y los resultados; permanencia de las medidas; ausencia de doble contabilización; coherencia con los objetivos territoriales del plan. La colaboración privada puede ampliar capacidades y recursos, pero no debe sustituir la financiación pública estructural ni permitir que actuaciones voluntarias compensen automáticamente daños producidos en otros territorios. Rendición de cuentas y revisión adaptativa Una gobernanza efectiva requiere mecanismos de rendición de cuentas. El Plan Nacional de Restauración deberá explicar cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo se realizará el seguimiento y de qué manera se incorporarán los resultados a sus revisiones posteriores. El plan también deberá incluir un resumen del proceso de participación y explicar cómo se han considerado las necesidades de las comunidades locales y de las partes interesadas. Además de los informes exigidos por el Reglamento, sería conveniente disponer de: información pública sobre las medidas aprobadas; localización y estado de ejecución de las actuaciones; presupuestos y fuentes de financiación; resultados de seguimiento; modificaciones adoptadas; mecanismos para presentar observaciones o alertas. La restauración es un proceso de largo plazo cuyos resultados no siempre pueden anticiparse. Por ello, la gobernanza debe permitir adaptar las medidas según la evolución de los ecosistemas, el conocimiento generado y las condiciones climáticas y territoriales. 5. Financiación de la restauración: de los fondos extraordinarios a un modelo estable Una brecha que no se resuelve únicamente con nuevos fondos La financiación constituye uno de los principales condicionantes para implementar el Reglamento de Restauración de la Naturaleza. La norma no crea un fondo europeo específico, aunque exige que los planes nacionales identifiquen las necesidades financieras, los medios de financiación disponibles y los apoyos previstos para las partes interesadas. La inversión en restauración puede generar beneficios elevados mediante la recuperación de servicios ecosistémicos, la reducción de daños provocados por inundaciones, sequías e incendios, la mejora de la productividad agraria y la protección de las infraestructuras y actividades económicas. La Comisión Europea estima que la inversión en restauración de la naturaleza suma entre 8 y 38 euros en valor económico a cada euro gastado, dependiendo del ecosistema, la intervención y los efectos contabilizados. Estos retornos no eliminan, sin embargo, las dificultades para financiar las actuaciones. Muchos beneficios son públicos, se producen a largo plazo o no generan ingresos directos para la entidad que realiza la inversión. Por ello, la restauración requiere una base de financiación pública capaz de cubrir actuaciones cuyos beneficios se distribuyen entre el conjunto de la sociedad. La cuestión central no es únicamente cuánto dinero nuevo debe movilizarse, sino cómo alinear el conjunto de los flujos públicos y privados. Financiar proyectos de restauración mientras se mantienen incentivos que favorecen la degradación del suelo, la sobreexplotación del agua o la fragmentación de los hábitats reduce la efectividad del gasto y eleva las necesidades futuras. El presupuesto europeo después de 2027 La propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, presentada por la Comisión en julio de 2025, plantea una transformación profunda de la arquitectura presupuestaria europea. El nuevo modelo busca reducir el número de programas, aumentar la flexibilidad y concentrar parte de los recursos en planes nacionales y regionales y en un Fondo Europeo de Competitividad. En mayo de 2026, la propuesta continuaba en fase de negociación. La Comisión propone que al menos el 35 % del presupuesto contribuya a objetivos climáticos y ambientales. Esta integración puede ampliar las posibilidades de financiación de la restauración, pero también dificulta identificar qué parte del gasto se destinará específicamente a biodiversidad. El porcentaje engloba ámbitos tan diferentes como mitigación y adaptación climática, agua, contaminación, economía circular y naturaleza. La reconfiguración del Programa LIFE representa uno de los principales debates. La propuesta no mantiene un programa autónomo con la estructura actual, sino que distribuye sus actividades entre instrumentos más amplios. Esto puede facilitar la integración de la biodiversidad en las políticas regionales, agrarias y de competitividad, pero también entraña el riesgo de perder especialización, continuidad y visibilidad presupuestaria. En este contexto, el reto para España será garantizar que los objetivos del Plan Nacional de Restauración se traduzcan en prioridades concretas dentro de los futuros instrumentos europeos y de los presupuestos estatales y autonómicos. La integración transversal de la biodiversidad solo será efectiva si se acompaña de objetivos cuantificados, criterios de elegibilidad, indicadores y mecanismos de seguimiento. La experiencia del Plan de Recuperación El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha supuesto un incremento extraordinario de los recursos destinados a biodiversidad y restauración. Su componente 4 cuenta con 1.642 millones de euros y comprende inversiones en conocimiento, conservación, restauración de ecosistemas, infraestructura verde y gestión forestal sostenible. El PRTR ha demostrado que la disponibilidad de financiación y la definición de hitos concretos pueden acelerar la ejecución de actuaciones. También ha permitido ampliar la escala de proyectos, reforzar equipos, movilizar entidades locales y organizaciones sociales y desarrollar experiencias de renaturalización urbana, restauración fluvial y recuperación de ecosistemas. Sin embargo, su carácter temporal plantea varios interrogantes: cómo se mantendrán las actuaciones una vez finalizada la financiación; quién asumirá los costes de seguimiento y gestión; cómo se conservarán las capacidades profesionales creadas; qué proyectos podrán ampliarse o replicarse; y cómo se incorporarán sus resultados al Plan Nacional de Restauración. El aprendizaje principal es que la financiación de la restauración no puede depender únicamente de convocatorias extraordinarias. Las actuaciones requieren preparación, ejecución, mantenimiento y seguimiento durante periodos que superan ampliamente los calendarios presupuestarios habituales. Créditos de naturaleza: oportunidad e incertidumbre La Hoja de ruta hacia los créditos naturaleza, publicada por la Comisión en julio de 2025, busca explorar instrumentos que recompensen a agricultores, silvicultores, pescadores, propietarios y comunidades por actuaciones verificables de conservación y restauración. El instrumento se encuentra todavía en una fase de desarrollo. Antes de su aplicación a gran escala será necesario resolver cuestiones relacionadas con: unidades de medida; condiciones de referencia; adicionalidad; permanencia; fugas y desplazamiento de impactos; derechos sobre los créditos; participación de las comunidades; costes de certificación; registro y prevención de doble contabilidad. También debe aclararse la diferencia entre financiar una actuación positiva y compensar un impacto negativo. Los créditos pueden canalizar inversión hacia la restauración sin convertirse necesariamente en mecanismos de compensación. En España, su desarrollo debería vincularse con las prioridades territoriales del PNR y con los sistemas públicos de datos y seguimiento. La creación de mercados paralelos, con metodologías incompatibles o resultados difíciles de verificar, podría aumentar la financiación nominal sin garantizar mejoras ecológicas reales. Información empresarial y riesgos relacionados con la naturaleza La información corporativa es relevante para que empresas, entidades financieras e inversores puedan identificar dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza. La Directiva 2022/2464/UE de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), Directiva (UE) 2024/1760 de Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD), los estándares ESRS, la Taxonomía de la UE para actividades sostenibles, Reglamento (UE) 2019/2088 de Divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero (SFDR) y el marco Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) han contribuido a desarrollar esta agenda. No obstante, la Directiva (UE) 2026/470 ha reducido de forma significativa el número de empresas sujetas a obligaciones europeas de reporting y diligencia debida. La CSRD se aplica a empresas con más de 1.000 personas empleadas y más de 450 millones de euros de facturación neta anual, mientras que la CSDDD se limita a empresas con más de 5.000 personas empleadas y 1.500 millones de euros de facturación. La simplificación reduce cargas administrativas, pero también puede disminuir la información comparable disponible sobre biodiversidad y cadenas de valor. El reto será evitar que las empresas de menor tamaño reciban solicitudes desproporcionadas y, al mismo tiempo, facilitarles herramientas voluntarias y sectoriales que les permitan comunicar información relevante. En España, el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad seguía en mayo de 2026 en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia. Su adaptación al nuevo marco europeo será necesaria para aportar seguridad jurídica y clarificar el calendario y alcance de las obligaciones. A escala internacional, TNFD continúa ofreciendo un marco voluntario para identificar y divulgar cuestiones relacionadas con la naturaleza, mientras que el ISSB ha iniciado el desarrollo de requisitos específicos apoyándose en sus recomendaciones. Esta convergencia puede facilitar una base común, aunque todavía persisten diferencias de alcance y materialidad entre los marcos europeos e internacionales. Reorientar incentivos y reconocer los servicios ecosistémicos Cerrar la brecha financiera no depende únicamente de crear nuevos instrumentos. También exige revisar las subvenciones, inversiones e incentivos que generan impactos perjudiciales para la biodiversidad. El PEEPNB contempla identificar y reorientar estos incentivos, pero todavía no existe una evaluación estatal integral que permita conocer su volumen, efectos y posibles alternativas. Los análisis elaborados por organizaciones sociales y programas internacionales han contribuido a visibilizar el problema, aunque utilizan metodologías y perímetros diferentes que deben explicarse al presentar sus resultados. En 2024, la iniciativa BIOFIN-PNUD publicó La naturaleza de los subsidios, un marco metodológico para evaluar y reformar estos incentivos. En 2025, Greenpeace España publicó el informe De subvenciones tóxicas a inversiones responsables, que estima que en 2024 se destinaron aproximadamente 23.330 millones de euros en subvenciones públicas a proyectos perjudiciales para el medio ambiente, concentradas en los sectores agrícola, transporte y energético, y denuncia la falta de transparencia y de una estrategia estatal para eliminarlos. Hay avances en conocimiento y en sistemas de seguimiento y contabilidad del capital natural, pero no en la reforma de subsidios, que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la política ambiental española. El PEEPNB también contempla el desarrollo de mecanismos de pago por servicios ambientales (PSA) y la reserva de al menos el 1 % del presupuesto de obra pública para acciones de conservación. Aunque no se han producido avances normativos estatales significativos, comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña han incorporado instrumentos de compensación ambiental e incentivos ligados a la gestión sostenible que operan de facto como PSA, sin que exista todavía un marco estatal común. Esta fragmentación resume una de las principales asignaturas pendientes de la política de biodiversidad española: pasar del conocimiento y las experiencias piloto a una reforma estructural de incentivos alineada con los objetivos de restauración. Estos mecanismos pueden resultar especialmente relevantes para mantener actuaciones en terrenos agrarios, forestales y rurales, siempre que no remuneren el mero cumplimiento de obligaciones legales ni generen derechos permanentes para degradar otros espacios. 6. Seguimiento, datos y evaluación Del conocimiento de partida a la evaluación de las medidas La implementación del Plan Nacional de Restauración requiere disponer de información suficiente para identificar los ecosistemas degradados, seleccionar las áreas prioritarias, diseñar las medidas y comprobar sus resultados. El reto no consiste únicamente en aumentar el volumen de datos, sino en garantizar que sean comparables, actualizados, accesibles y útiles para la toma de decisiones. El Reglamento de Restauración establece obligaciones específicas de seguimiento para los hábitats y ecosistemas incluidos en su ámbito de aplicación. España deberá controlar, entre otros aspectos, el estado de los hábitats sometidos a restauración, los espacios verdes y la cubierta arbórea urbana, los indicadores de los ecosistemas agrarios y forestales, las poblaciones de aves comunes y polinizadores y la eliminación de barreras a la conectividad fluvial. El seguimiento deberá comenzar desde la aplicación de las medidas y mantenerse durante periodos suficientes para conocer su evolución. Esta dimensión resulta especialmente importante porque los resultados ecológicos pueden tardar años en manifestarse y no siempre responden de forma lineal a las intervenciones. La arquitectura nacional de información España dispone de una infraestructura amplia de información ambiental encabezada por el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el Banco de Datos de la Naturaleza. El Inventario integra catálogos, listados, inventarios e indicadores sobre la distribución, abundancia, estado y aprovechamiento de los elementos del patrimonio natural, mientras que el Banco de Datos armoniza, analiza y difunde esta información. El PEEPNB prevé desarrollar un Sistema nacional de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento, alimentado por los programas estatales y autonómicos y conectado con el Banco de Datos. Entre sus objetivos se encuentra que en 2030 ningún hábitat o especie de interés comunitario tenga un estado de conservación desconocido. El PNR debería aprovechar esta arquitectura y evitar la creación de circuitos paralelos. Para ello será necesario: definir modelos comunes de datos; acordar responsabilidades de actualización; mejorar la interoperabilidad con las comunidades autónomas; integrar información terrestre, marina y de aguas continentales; vincular actuaciones, financiación y resultados; asegurar la disponibilidad de metadatos y metodologías. La información debe permitir pasar de una colección de inventarios sectoriales a una lectura integrada de la evolución de los ecosistemas y del efecto de las políticas. Interoperabilidad y acceso público El intercambio de información entre administraciones constituye uno de los principales retos. Los datos proceden de organismos estatales, comunidades autónomas, entidades locales, universidades, proyectos de investigación, empresas y organizaciones sociales. Presentan diferencias en sus escalas, periodicidad, metodologías y condiciones de acceso. Estrategia de Biodiversidad y Ciencia plantea reforzar la interoperabilidad con el Banco de Datos de la Naturaleza y mejorar las herramientas tecnológicas para integrar información terrestre y marina. A escala europea, el Sistema Europeo de Información sobre Biodiversidad (BISE) funciona como punto de acceso a datos y conocimiento sobre biodiversidad, mientras que el Espacio Europeo de Datos del Pacto Verde (Green Deal Data Space o GDDS) continúa desarrollándose mediante diferentes proyectos. El GDDS se rige por los principios FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability) y se implementará a través del proyecto SAGE —Espacio de datos para una Europa verde y sostenible—, apoyándose en los resultados de la iniciativa GREAT sobre gobernanza de la innovación responsable. Un caso de uso relevante es el proyecto sobre compensaciones entre naturaleza y servicios ecosistémicos (NECST). Para España, la prioridad debería ser asegurar que la información relacionada con el PNR sea: localizable; accesible; interoperable; reutilizable; comprensible; y trazable hasta su fuente y metodología. El MITECO está trabajando en la creación de una plataforma pública de proyectos de restauración que recogerá las actuaciones impulsadas por administraciones, empresas y entidades sociales, incluyendo su localización, metodología y resultados. Este repositorio nacional —pendiente aún de materializarse— permitirá visibilizar los avances, facilitar el aprendizaje colectivo entre territorios y mejorar la planificación de la siguiente fase del Plan Nacional de Restauración.